La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, adjudicó el pasado 18 de febrero la conservación y mantenimiento de la red de carreteras de la zona 7 de la isla de Mallorca -la que corresponde a la comarca de Artà- a la empresa Elsamex, S.A. La totalidad del capital social de esta empresa madrileña, con sucursal en la Avda. Rosselló nº 15 y en la Avda. Mexic, 4 de Palma, está en manos de industriales indios.
Elsamex es una empresa de servicios integrales relacionada con la construcción de infraestructuras. Fue creada en 1977 y es la empresa matriz del Grupo Elsamex, con implantación a nivel nacional e internacional.
Hasta la entrada de la empresa india ITNL IL&FS Transportation Networks Ltda. Elsamex estaba controlada por la familia Sánchez Marcos. En la actualidad, la persona que preside la compañía es Ravi Parthasarathu. Este empresario indio controla, a través de Elsamex, la empresa OPSA, S.A.; Inversiones Tyndrum; Grusamar Ingeniería y Consulting; Sánchez Marcos Señalización e Imagen; Elsamex Internacional y Señalización Viales e Imagen.
El importe de la adjudicación por 4 años es de 6.774.636€, Iva incluido.
El mantenimiento de la red de carreteras de la zona 7 de la isla de Mallorca lo ha venido haciendo hasta la fecha la empresa mallorquina Coexsa. Construcciones, Excavaciones y Asfaltos, con sede en Cala Ratjada, obtuvo en 2006 la contrata por un periodo de dos años prorrogables en dos más. Coexsa había concurrido de nuevo al concurso pero, inexplicablemente, la Presidencia del Consell lo ha adjudicado a la empresa india. La red de carreteras de la zona 7 es la única, de las que se divide la isla de Mallorca, que va a ser operada por una empresa no mallorquina.
Elsamex es la primera vez que consigue una contrata de obras públicas para el Consell de Mallorca. Llama la atención que no haya sido la Conselleria Insular de Obras Públicas la que adjudique los trabajos de conservación y lo haya hecho la Presidencia de la institución.
En marzo de 2008 el Grupo Elsamex se encontraba al borde de la quiebra. La entrada de la corporación india Infraestructure Leasing & Financia Service Limited (IL&FS) evitó que la familia Sánchez Marcos se viera abocada a presentar concurso de acreedores.
Complemento Informativo Diario de Baleares ------------------------------------------------------------------------
jueves, 11 de marzo de 2010
La Dirección General de Comunicación sale de Presidencia y pasa a depender de Turismo
El presidente del Govern, Francesc Antich, ha reorganizado el organigrama de las consellerias de Presidencia y Turismo con el objeto de remover a la Dirección General de Comunicación. El pasado martes 9 de marzo el presidente aprobó el decreto 10/2010 por el cual se establece las nuevas competencias y estructura orgánica básica de las consellerias.
La decisión más llamativa consiste en la salida de Comunicación de la órbita de la conselleria de Presidencia y, por tanto, del control del conseller Albert Moragues, y su entrada en Turismo de la mano de la consellera y portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló.
La directora general de Comunicación, Gina Garcias, pasa a partir de hoy a depender de Barceló.
Como se explica en la página web institucional, las labores de la Dirección General de Comunicación son las de informar de las actividades gubernamentales y administrativas, relaciones con los medios de comunicación, así como gestionar la publicidad institucional.
La pregunta que habría que formularse es: ¿pasaría Comunicación al organigrama de Sanidad y Consumo si la portavoz del Govern fuera la titular de este departamento?
A partir de ahora, el presupuesto que el Govern destina a Turismo habrá de incrementarse para financiar a Comunicación, mientras que el de Presidencia ¿se verá reducido en idéntica proporción?
Una decisión que presagiaba la asunción de competencias de Comunicación por parte de Barceló se dio cuando la portavoz era consellera de Trabajo. En esa etapa, la adjudicación del contrato con Europa Press para el suministro de noticias, y que había tramitado Presidencia -incluso adjudicado de manera definitiva-, acabó firmándolo Barceló desde su cargo, entonces, de responsable de las políticas de Formación y Empleo.
La decisión más llamativa consiste en la salida de Comunicación de la órbita de la conselleria de Presidencia y, por tanto, del control del conseller Albert Moragues, y su entrada en Turismo de la mano de la consellera y portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló.
La directora general de Comunicación, Gina Garcias, pasa a partir de hoy a depender de Barceló.
Como se explica en la página web institucional, las labores de la Dirección General de Comunicación son las de informar de las actividades gubernamentales y administrativas, relaciones con los medios de comunicación, así como gestionar la publicidad institucional.
La pregunta que habría que formularse es: ¿pasaría Comunicación al organigrama de Sanidad y Consumo si la portavoz del Govern fuera la titular de este departamento?
A partir de ahora, el presupuesto que el Govern destina a Turismo habrá de incrementarse para financiar a Comunicación, mientras que el de Presidencia ¿se verá reducido en idéntica proporción?
Una decisión que presagiaba la asunción de competencias de Comunicación por parte de Barceló se dio cuando la portavoz era consellera de Trabajo. En esa etapa, la adjudicación del contrato con Europa Press para el suministro de noticias, y que había tramitado Presidencia -incluso adjudicado de manera definitiva-, acabó firmándolo Barceló desde su cargo, entonces, de responsable de las políticas de Formación y Empleo.
miércoles, 10 de marzo de 2010
El Gobierno ordena la demolición de las “alcobas” del Port d’es Canonge cuya protección reclama ARCA
El Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha ordenado a Demarcación de Costas de Baleares la demolición de, al menos, dos de los “escars” existentes en el Port d’es Canonge, Banyalbufar. El Ministerio ha denegado las solicitudes de ocupación que los titulares de las concesiones habían formulado con el objeto de “salvar” estas casetas guardabotes (“alcobas”) y de seguir ocupándolas.
Las últimas concesiones se dieron en 1971 y lo fueron por 25 años. En 1996 revertieron al Estado y en la actualidad el terreno está afectado por el dominio público marítimo terrestre, que en este caso afecta a una distancia de seis metros desde la línea de pleamar.
La asociación en defensa del patrimonio histórico-artístico de Mallorca, ARCA, ha venido reclamando la protección de este conjunto de “escars” al considerar que son construcciones populares para el abrigo de las embarcaciones de pesca y que fueron construidas a comienzos del pasado siglo XX.
A criterio de ARCA, el conjunto de “alcobas” constituye una de las imágenes más típicas y tradicionales del Port d’es Canonge y de la Serra de Tramuntana. ARCA, en un comunicado, llegó a calificarlas de "incalculable valor paisajístico", habiendo sido plasmado e inmortalizado en los lienzos de Horrach, Maraver, Bonnín, Quintana y Reüll, entre otros artistas, así como en miles de postales y fotografías que han viajado por todo el mundo.
La asociación conservacionista considera que la demolición de las “alcobas” no es coherente con la solicitud por parte del Consell de Mallorca a la Unesco para la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial, ni con la obligación que por Ley tiene la primera institución de Mallorca, y el propio Govern, de proteger el patrimonio histórico de las Islas.
A pesar de ello, el ex conseller de Turismo, Celesti Alomar, –debido a que ocupa el cargo de jefe de la Demarcación de Costas- tiene que hacer cumplir la orden ministerial y proceder al derribo de las casetas y la eliminación de las rampas de acceso de las embarcaciones. En total, unos 30 metros cuadrados.
Resulta paradójico que Alomar, la persona que creó la ecotasa para proteger el patrimonio histórico y natural de las islas sea la que de la orden de derribo de una de las estampas turísticas más típicas de Mallorca.
ARCA ya ha solicitado al Consell que catalogue estos “escars” con el objeto de protegerlos de la piqueta.
Las últimas concesiones se dieron en 1971 y lo fueron por 25 años. En 1996 revertieron al Estado y en la actualidad el terreno está afectado por el dominio público marítimo terrestre, que en este caso afecta a una distancia de seis metros desde la línea de pleamar.
La asociación en defensa del patrimonio histórico-artístico de Mallorca, ARCA, ha venido reclamando la protección de este conjunto de “escars” al considerar que son construcciones populares para el abrigo de las embarcaciones de pesca y que fueron construidas a comienzos del pasado siglo XX.
A criterio de ARCA, el conjunto de “alcobas” constituye una de las imágenes más típicas y tradicionales del Port d’es Canonge y de la Serra de Tramuntana. ARCA, en un comunicado, llegó a calificarlas de "incalculable valor paisajístico", habiendo sido plasmado e inmortalizado en los lienzos de Horrach, Maraver, Bonnín, Quintana y Reüll, entre otros artistas, así como en miles de postales y fotografías que han viajado por todo el mundo.
La asociación conservacionista considera que la demolición de las “alcobas” no es coherente con la solicitud por parte del Consell de Mallorca a la Unesco para la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial, ni con la obligación que por Ley tiene la primera institución de Mallorca, y el propio Govern, de proteger el patrimonio histórico de las Islas.
A pesar de ello, el ex conseller de Turismo, Celesti Alomar, –debido a que ocupa el cargo de jefe de la Demarcación de Costas- tiene que hacer cumplir la orden ministerial y proceder al derribo de las casetas y la eliminación de las rampas de acceso de las embarcaciones. En total, unos 30 metros cuadrados.
Resulta paradójico que Alomar, la persona que creó la ecotasa para proteger el patrimonio histórico y natural de las islas sea la que de la orden de derribo de una de las estampas turísticas más típicas de Mallorca.
ARCA ya ha solicitado al Consell que catalogue estos “escars” con el objeto de protegerlos de la piqueta.
Munar amplía su actividad mercantil con la producción de energía eléctrica
Un decreto de ámbito estatal prohíbe los “huertos solares” de multipropiedad. De esta forma el Gobierno impide que en la configuración de un gran parque fotovoltaico pueda haber 40 ó 50 propietarios de placas solares.
Esta prohibición ha incentivado la instalación de placas en los tejados de naves industriales y también, que los parque sean de un solo titular jurídico.
En Mallorca son muchos los particulares y empresarios que ya se han decidido por invertir en la generación de este tipo de energía y proliferan por todas partes los campos solares.
Por lo que respecta al conjunto de España la electricidad generada con energía solar representa sólo el 1%, lo que demuestra lo insignificante que es la energía fotovoltaica en estos momentos, según considera Pere Mir Artigues, economista, investigador y director del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat en Lleida.
A criterio de Mir, para que pueda seguir implantándose la energía fotovoltaica es necesario que su coste de producción se reduzca a la mitad, como mínimo, “de manera que pueda competir con el precio del kilovatio/hora convencional, producido a través de centrales térmicas y nucleares, principalmente”.
Una instalación fotovoltaica recoge la radiación solar y la convierte en energía eléctrica. Ésta, a su vez, es inyectada a la Red. De esta manera, el propietario de la nave sobre cuyo tejado se ha instalado la planta obtiene una gran rentabilidad de un espacio que normalmente no está utilizando.
Para obtener 130kW de potencia se precisa, aproximadamente, una superficie de 18.000 metros cuadrados. Los ingresos netos anuales pueden llegar a rondar los 63.000 euros. Sin embargo, la inversión inicial para un campo solar de 130kW se acerca a los 850.000€ más IVA y la amortización, entre los 10 y los 25 años.
A pesar de todas estas ventajas e inconvenientes, la ex presidenta del Parlament y su marido, Miquel Munar, han apostado por la generación de energía fotovoltaica como una futura fuente neta de ingresos.
Pensando en ello, la empresa Bamusa, participada por el matrimonio Munar, ha ampliado el objeto social, así como su patrimonial Ranum. Todo ello con el objeto de dedicarse a la explotación fotovoltaica o térmica, plantas de ciclo combinado y, en general, todo sistema de producción eléctrica, según consta en las notas registrales de ambas entidades.
Bamusa solicitó en julio del pasado año la instalación fotovoltaica sobre la cubierta de su nave industrial en el polígono de Marratxí. En concreto, un campo solar de 50kW de potencia. Y Ranum hizo lo propio para la instalación de una planta de 80kW sobre la cubierta de la nave que ocupó la empresa Mallorca Kronb Importaciones en la calle Conradors, 52.
El matrimonio Munar decide de esta forma convertirse en productor de electricidad limpia y ecológica a sabiendas de que a medio y largo plazo esta actividad puede reportarle importantes beneficios económicos.
Esta prohibición ha incentivado la instalación de placas en los tejados de naves industriales y también, que los parque sean de un solo titular jurídico.
En Mallorca son muchos los particulares y empresarios que ya se han decidido por invertir en la generación de este tipo de energía y proliferan por todas partes los campos solares.
Por lo que respecta al conjunto de España la electricidad generada con energía solar representa sólo el 1%, lo que demuestra lo insignificante que es la energía fotovoltaica en estos momentos, según considera Pere Mir Artigues, economista, investigador y director del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat en Lleida.
A criterio de Mir, para que pueda seguir implantándose la energía fotovoltaica es necesario que su coste de producción se reduzca a la mitad, como mínimo, “de manera que pueda competir con el precio del kilovatio/hora convencional, producido a través de centrales térmicas y nucleares, principalmente”.
Una instalación fotovoltaica recoge la radiación solar y la convierte en energía eléctrica. Ésta, a su vez, es inyectada a la Red. De esta manera, el propietario de la nave sobre cuyo tejado se ha instalado la planta obtiene una gran rentabilidad de un espacio que normalmente no está utilizando.
Para obtener 130kW de potencia se precisa, aproximadamente, una superficie de 18.000 metros cuadrados. Los ingresos netos anuales pueden llegar a rondar los 63.000 euros. Sin embargo, la inversión inicial para un campo solar de 130kW se acerca a los 850.000€ más IVA y la amortización, entre los 10 y los 25 años.
A pesar de todas estas ventajas e inconvenientes, la ex presidenta del Parlament y su marido, Miquel Munar, han apostado por la generación de energía fotovoltaica como una futura fuente neta de ingresos.
Pensando en ello, la empresa Bamusa, participada por el matrimonio Munar, ha ampliado el objeto social, así como su patrimonial Ranum. Todo ello con el objeto de dedicarse a la explotación fotovoltaica o térmica, plantas de ciclo combinado y, en general, todo sistema de producción eléctrica, según consta en las notas registrales de ambas entidades.
Bamusa solicitó en julio del pasado año la instalación fotovoltaica sobre la cubierta de su nave industrial en el polígono de Marratxí. En concreto, un campo solar de 50kW de potencia. Y Ranum hizo lo propio para la instalación de una planta de 80kW sobre la cubierta de la nave que ocupó la empresa Mallorca Kronb Importaciones en la calle Conradors, 52.
El matrimonio Munar decide de esta forma convertirse en productor de electricidad limpia y ecológica a sabiendas de que a medio y largo plazo esta actividad puede reportarle importantes beneficios económicos.
Barceló destinó fondos de Treball i Formació en contratar un servicio de noticias para Presidencia
Una de las actuaciones más extravagantes de este Govern con respecto a la ejecución de su presupuesto aconteció a finales del pasado año pero sólo ha podido ser conocida una vez leídos los boletines oficiales y cotejados los datos. Porque nadie, ni un portavoz, ha querido explicarla en el momento de producirse.
Son actos que no se entienden o que habrían de justificarse mejor.
Que la Dirección General de Comunicación contrate el Servicio de Recepción de Noticias y Despachos de Información con una agencia de noticias es lógico y está dentro de lo razonable. Que lo haga la Conselleria de Treball no hay quien lo entienda.
El hecho de que su entonces titular, Joana Barceló, fuese la portavoz del Ejecutivo de Francesc Antich no la autorizaba, en principio, a contratar dicho servicio con los fondos de que disponía para el fomento del empleo y la formación de los trabajadores, máxime en un momento de crisis y con cerca de cien mil parados solicitando ayudas y formación.
Hasta la fecha, que se sepa, el Govern cuenta con una directora general de Comunicación, la periodista Gina Garcies, que es, se supone, la persona responsable de todo lo concerniente a temas de información en el Gabinete y la que habría de autorizar y aprobar la partida presupuestaria para la contratación de los servicios de una agencia de información. Sin embargo, no es ella quien dispone del gasto para contratar este servicio y sí la Portavocía del Govern.
Nadie puede argumentar a favor de que la Conselleria de Treball i Formació precise gastar la nada despreciable cantidad de 210.000 euros para recibir información de un servicio de noticias prestado por la delegación de una agencia de ámbito nacional. Unos 17.500 euros al mes para que Joana Barceló, ¿en su anterior despacho en la Conselleria de Treball o en Presidència?, estuviera informada de todo lo que acontece en Baleares, España o el resto del mundo.
El sábado día 28 de noviembre se publicó en el Boib la resolución del secretario general de la Conselleria de Treball, Fermín Domínguez Roldán, con número de expediente 2009 6423, por la que adjudicaba el servicio de noticias a Europa Press por un periodo de 24 meses. Una adjudicación similar se formalizó el 6 de mayo de 2004 por 69.711 euros. La responsable entonces fue la Conselleria de Relacions Institucionals. Esta se formalizó por periodo de medio año ya que el 1 de diciembre del 2005 la entonces titular de este departamento y vicepresidenta del Govern, Rosa Estará, volvía a conceder el servicio anual por la cantidad de 239.504 euros.
La vicepresidenta Estarás contrató a través de su conselleria.
Barceló, la nueva titular de Turisme, lo hizo con el presupuesto de la Conselleria de Treball.
Como ésta contratación se llevó a cabo por el sistema de “negociado sin publicidad”, no se ha conocido el dislate del Govern hasta que la adjudicación se ha publicado. Y entonces se pudo saber que 9 de noviembre, 19 días antes de la adjudicación por parte de Treball, la Conselleria de Presidencia de Albert Moragues, actuando como órgano de contratación, adjudicó “de forma definitiva”, si, han leído bien: definitiva, la prestación de ese servicio por 210.000 euros –idéntica cantidad– a la misma agencia de noticias. El número de expediente es el mismo, el 2009 6423.
La única explicación posible es que Presidencia careciese de fondos para contratar el servicio y se lo transfiriera a Treball que, como tenía de titular a la portavoz del Govern, no iba a levantar sospechas.
Ahora habrá que saber si toda la operación de trasvase del gasto tiene informe jurídico favorable, porque lo que es incuestionable es que Presidencia, en su listado de adjudicaciones definitivas, da publicidad de la polémica adjudicación como suya. ¿O es de Treball como asegura el BOIB? Y si Presidencia lo adjudicó, ¿pagó igual que Treball los 210.000 euros a Europa Press o los destinó a otra finalidad?
Son actos que no se entienden o que habrían de justificarse mejor.
Que la Dirección General de Comunicación contrate el Servicio de Recepción de Noticias y Despachos de Información con una agencia de noticias es lógico y está dentro de lo razonable. Que lo haga la Conselleria de Treball no hay quien lo entienda.
El hecho de que su entonces titular, Joana Barceló, fuese la portavoz del Ejecutivo de Francesc Antich no la autorizaba, en principio, a contratar dicho servicio con los fondos de que disponía para el fomento del empleo y la formación de los trabajadores, máxime en un momento de crisis y con cerca de cien mil parados solicitando ayudas y formación.
Hasta la fecha, que se sepa, el Govern cuenta con una directora general de Comunicación, la periodista Gina Garcies, que es, se supone, la persona responsable de todo lo concerniente a temas de información en el Gabinete y la que habría de autorizar y aprobar la partida presupuestaria para la contratación de los servicios de una agencia de información. Sin embargo, no es ella quien dispone del gasto para contratar este servicio y sí la Portavocía del Govern.
Nadie puede argumentar a favor de que la Conselleria de Treball i Formació precise gastar la nada despreciable cantidad de 210.000 euros para recibir información de un servicio de noticias prestado por la delegación de una agencia de ámbito nacional. Unos 17.500 euros al mes para que Joana Barceló, ¿en su anterior despacho en la Conselleria de Treball o en Presidència?, estuviera informada de todo lo que acontece en Baleares, España o el resto del mundo.
El sábado día 28 de noviembre se publicó en el Boib la resolución del secretario general de la Conselleria de Treball, Fermín Domínguez Roldán, con número de expediente 2009 6423, por la que adjudicaba el servicio de noticias a Europa Press por un periodo de 24 meses. Una adjudicación similar se formalizó el 6 de mayo de 2004 por 69.711 euros. La responsable entonces fue la Conselleria de Relacions Institucionals. Esta se formalizó por periodo de medio año ya que el 1 de diciembre del 2005 la entonces titular de este departamento y vicepresidenta del Govern, Rosa Estará, volvía a conceder el servicio anual por la cantidad de 239.504 euros.
La vicepresidenta Estarás contrató a través de su conselleria.
Barceló, la nueva titular de Turisme, lo hizo con el presupuesto de la Conselleria de Treball.
Como ésta contratación se llevó a cabo por el sistema de “negociado sin publicidad”, no se ha conocido el dislate del Govern hasta que la adjudicación se ha publicado. Y entonces se pudo saber que 9 de noviembre, 19 días antes de la adjudicación por parte de Treball, la Conselleria de Presidencia de Albert Moragues, actuando como órgano de contratación, adjudicó “de forma definitiva”, si, han leído bien: definitiva, la prestación de ese servicio por 210.000 euros –idéntica cantidad– a la misma agencia de noticias. El número de expediente es el mismo, el 2009 6423.
La única explicación posible es que Presidencia careciese de fondos para contratar el servicio y se lo transfiriera a Treball que, como tenía de titular a la portavoz del Govern, no iba a levantar sospechas.
Ahora habrá que saber si toda la operación de trasvase del gasto tiene informe jurídico favorable, porque lo que es incuestionable es que Presidencia, en su listado de adjudicaciones definitivas, da publicidad de la polémica adjudicación como suya. ¿O es de Treball como asegura el BOIB? Y si Presidencia lo adjudicó, ¿pagó igual que Treball los 210.000 euros a Europa Press o los destinó a otra finalidad?
Lila Thomás adjudica el servicio de atención a mujeres maltratadas a una entidad creada “ad hoc”
La directora del Institut Balear de la Dona, Lila Thomás, adjudicó el contrato de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género a una empresa constituida deliberadamente para ello. De hecho, por los datos y fechas de los oficios y notas registrales se puede colegir que el contrato se adjudicó antes de ser licitado.
El pasado 27 de noviembre, Lila Thomás firmó el anuncio de licitación del servicio y fue publicitado en el Boib nº 175 de fecha 1 de diciembre, es decir, cuatro días después.
Ese mismo día primero de diciembre se constituía en Palma la entidad Eureka Serveis Socials con domicilio en la calle Cabana de Marratxí. Su actividad: la asistencia y servicios sociales. Constan como administradoras Maria Antonia Cañellas Socias y Dolores Giménez Borrás, ex presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales y Asistentes Sociales.
El plazo para la presentación de ofertas concluyó el 16 de diciembre y sólo 13 días después, la jefe de Servicio del Institut de la Dona y responsable del Centro de Información, Farah Bouazza Ariño, comunicaba a través de un oficio la resolución de adjudicación provisional del contrato 2009/10664 a la entidad Eureka Serveis Socials.
Con la adjudicación provisional antes de fin de año la empresa podía comenzar su actividad el día 1 de enero cumpliendo una de las condiciones de la licitación: la prestación del servicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Sin embargo, no es hasta el 10 de febrero cuando Lila Thomás adjudica el contrato de servicio de atención social y acompañamiento las 24 horas a las mujeres víctimas de violencia de género a la empresa Eureka por la cantidad de 337.374€.
El primer contrato que consigue la entidad administrada por la ex presidenta del Colegio de Asistentes Sociales es con la Administración y por 56 millones de pesetas. Da la impresión, por la correlación fechas y hechos, de que los gestores de Eureka dispusieron de todo tipo de información privilegiada para obtener el contrato de servicio con Serveis Socials.
Casualmente, el Colegio dispone de un equipo de servicio las 24 horas de atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género. De hecho, en la página web de la institución aparece este servicio con idéntico enunciado al que utilizó el Institut de la Dona para licitar el contrato.
Veinte días antes de constituir la empresa, Dolores Giménez era nombrada por la consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, asesor especialista para colaborar en el desarrollo de las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo facultativo técnico, especialidad trabajo social. Dolores Giménez dejó hace algunos años la presidencia colegial y no forma parte de sus órganos de gestión y administración.
En las Illes Balears se presentaron, durante el tercer trimestre de 2009, un total de 424 demandas de protección; 205 fueron denegadas.
El pasado 27 de noviembre, Lila Thomás firmó el anuncio de licitación del servicio y fue publicitado en el Boib nº 175 de fecha 1 de diciembre, es decir, cuatro días después.
Ese mismo día primero de diciembre se constituía en Palma la entidad Eureka Serveis Socials con domicilio en la calle Cabana de Marratxí. Su actividad: la asistencia y servicios sociales. Constan como administradoras Maria Antonia Cañellas Socias y Dolores Giménez Borrás, ex presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales y Asistentes Sociales.
El plazo para la presentación de ofertas concluyó el 16 de diciembre y sólo 13 días después, la jefe de Servicio del Institut de la Dona y responsable del Centro de Información, Farah Bouazza Ariño, comunicaba a través de un oficio la resolución de adjudicación provisional del contrato 2009/10664 a la entidad Eureka Serveis Socials.
Con la adjudicación provisional antes de fin de año la empresa podía comenzar su actividad el día 1 de enero cumpliendo una de las condiciones de la licitación: la prestación del servicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Sin embargo, no es hasta el 10 de febrero cuando Lila Thomás adjudica el contrato de servicio de atención social y acompañamiento las 24 horas a las mujeres víctimas de violencia de género a la empresa Eureka por la cantidad de 337.374€.
El primer contrato que consigue la entidad administrada por la ex presidenta del Colegio de Asistentes Sociales es con la Administración y por 56 millones de pesetas. Da la impresión, por la correlación fechas y hechos, de que los gestores de Eureka dispusieron de todo tipo de información privilegiada para obtener el contrato de servicio con Serveis Socials.
Casualmente, el Colegio dispone de un equipo de servicio las 24 horas de atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género. De hecho, en la página web de la institución aparece este servicio con idéntico enunciado al que utilizó el Institut de la Dona para licitar el contrato.
Veinte días antes de constituir la empresa, Dolores Giménez era nombrada por la consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, asesor especialista para colaborar en el desarrollo de las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo facultativo técnico, especialidad trabajo social. Dolores Giménez dejó hace algunos años la presidencia colegial y no forma parte de sus órganos de gestión y administración.
En las Illes Balears se presentaron, durante el tercer trimestre de 2009, un total de 424 demandas de protección; 205 fueron denegadas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)