Un juzgado de Lo Social de Madrid ha condenado a los propietarios de la Clínica Femenias a indemnizar con 273.360€ a 26 trabajadores que fueron despedidos de manera improcedentes cuando este centro sanitario con atención geriátrica cerró sus puertas el pasado mes de marzo.Los gestores de la clínica alegaron que el edificio carecía de licencia de actividades y de un sistema de prevención de incendios adecuado a una residencia de ancianos.
Algunos trabajadores iniciaron un encierro en reclamación de las cantidades que se les adeudaba -más de un millón de euros, según estimaron- y con la intención de permanecer en las instalaciones, o acudir a ellas todos los días, debido a que no percibían salario alguno, no haber sido despedidos formalmente y no poder cobrar el subsidio de desempleo. Tras este encierro emprendieron acciones legales contra la familia propietaria de la clínica por entender que habían sido despedidos subrepticiamente.
El juez considera en parte la demanda de los 26 trabajadores y establece una indemnización de 45 días por año trabajado. Este tipo de indemnizaciones dejarán de existir una vez apruebe el Senado la reforma laboral que tramita el partido socialista con la indefinición de CiU y el PNV.
El pasado 23 de abril este digital informó de una evasiva operación llevada a cabo por el propietario de la Clínica Femenicas. Onofre Alba adquirió ese mismo mes la sociedad Condominio Zahara Resort incluyendo en su objeto social, además de las actividades propias del sector inmobiliario, la explotación de residencias para la Tercera Edad.
La situación no dejaba de ser un tanto paradójica: Onofre Alba activaba una nueva sociedad mercantil para la actividad geriátrica cuando dispone de más de media docena de entidades dispuestas a tal fin. Eurgabinet Empresarial, Residencia Geriátrica Santa Matilde, Gero Gestion Balear, Uco Rehabilitación, Quintegar 2002, Piqalba Properties y Residencia Hotel Gales tienen idéntico objeto social, la atención a la Tercera Edad.
Salvo Uco Rehabilitación, que comparte Onofre con su mujer Mercedes Gimeno al 50%, el resto de entidades pasaron a estar administradas por su hija Carmen Alba Gimeno en sustitución de quien venía haciéndolo hasta entonces, Antonio Alou Valero, gerente de Clínica Bellver.
En el año 2008, último balance registrado, las empresas Piqalba, Quintegar y Uco Rehabilitación declararon unos ingresos próximos a los 3.500.000€.
Complemento Informativo Diario de Baleares ------------------------------------------------------------------------
sábado, 31 de julio de 2010
viernes, 30 de julio de 2010
El Govern pagará 7 millones de indemnización a Inversions Can Font si deja el inmueble de Son Rossinyol antes de agotar el contrato de alquiler
El Govern habrá de indemnizar con siete millones de euros a la sociedad Inversions Can Font si el departamento de Medi Ambient dejase el edificio del polígono de Son Rossinyol antes de que finalice el contrato de alquiler firmado por CAIB Patrimoni en mayo del pasado año.
Esta leonina condición está recogida en el documento que compromete a ambas partes, y tiene por finalidad garantizar que se cumpla con el citado contrato con independencia del color político del 'inquilino' del Consolat de la Mar. De hecho, el Govern le garantiza a Inversions Can Font el cobro puntual de 56 millones de euros en los próximos 20 años.
El Partido Popular consiguió el pasado 8 de junio el apoyo de todos los grupos, salvo Unión Mallorquina, para crear una comisión de investigación parlamentaria con el objeto de aclarar las condiciones que se dieron en el arrendamiento del inmueble ubicado en el nº 10 de la calle Gremi de Corredors del mencionado polígono industrial y de servicios.
El conseller de Economia i Hisenda habrá de explicar por qué se incluyó la indemnización de siete millones de euros y por qué se introdujeron importantes modificaciones en las condiciones del contrato después de que éste se hubiese adjudicado a la sociedad administrada por el constructor Jaime Bibiloni y por el cementero Eduardo Soriano Torres.
Según las fuentes consultadas por este digital, si esas modificaciones hubiesen estado incluídas en el pliego de condiciones particulares que debían cumplir las ofertas a concurso, el inmueble de Inversions Can Font hubiese obtenido inferior puntuación que el resto de los edificios presentados.
El diputado popular José María Rodríguez llegó a calificar de "sospechoso" que el inmueble de la polémica esté valorado en 36 millones de euros y el Govern acabe pagando por su alquiler 56 millones durante los próximos 20 años. Expertos inmobiliarios consideran que el precio mensual no es para hablar de 'pelotazo' pero inciden en el hecho de que con los ingresos que obtiene Inversions Can Font esta entidad cubre con soltura su hipoteca con Sa Nostra y dispondrá de un inmueble sin cargas una vez concluya el alquiler.
Esta leonina condición está recogida en el documento que compromete a ambas partes, y tiene por finalidad garantizar que se cumpla con el citado contrato con independencia del color político del 'inquilino' del Consolat de la Mar. De hecho, el Govern le garantiza a Inversions Can Font el cobro puntual de 56 millones de euros en los próximos 20 años.
El Partido Popular consiguió el pasado 8 de junio el apoyo de todos los grupos, salvo Unión Mallorquina, para crear una comisión de investigación parlamentaria con el objeto de aclarar las condiciones que se dieron en el arrendamiento del inmueble ubicado en el nº 10 de la calle Gremi de Corredors del mencionado polígono industrial y de servicios.
El conseller de Economia i Hisenda habrá de explicar por qué se incluyó la indemnización de siete millones de euros y por qué se introdujeron importantes modificaciones en las condiciones del contrato después de que éste se hubiese adjudicado a la sociedad administrada por el constructor Jaime Bibiloni y por el cementero Eduardo Soriano Torres.
Según las fuentes consultadas por este digital, si esas modificaciones hubiesen estado incluídas en el pliego de condiciones particulares que debían cumplir las ofertas a concurso, el inmueble de Inversions Can Font hubiese obtenido inferior puntuación que el resto de los edificios presentados.
El diputado popular José María Rodríguez llegó a calificar de "sospechoso" que el inmueble de la polémica esté valorado en 36 millones de euros y el Govern acabe pagando por su alquiler 56 millones durante los próximos 20 años. Expertos inmobiliarios consideran que el precio mensual no es para hablar de 'pelotazo' pero inciden en el hecho de que con los ingresos que obtiene Inversions Can Font esta entidad cubre con soltura su hipoteca con Sa Nostra y dispondrá de un inmueble sin cargas una vez concluya el alquiler.
jueves, 29 de julio de 2010
El nacionalista Pere Muñoz traspasa la empresa de comunicación IRU al 'popular' Rafael Durán
El ex director general de Cultura del Govern y ex portavoz del PSM en el Ayuntamiento de Palma, Pere Muñoz Peragorria, ha traspasado la empresa de comunicación IRU Gestio i Producció al ex portavoz del Partido Popular en Cort y ex regidor de Deportes, Rafael Durán Vadell, según se certifica en el cambio de administrador único de dicha sociedad. El pasado lunes día 19 se registró la dimisión o cese de Pere Muñoz del cargo de administrador y el nombramiento de Rafael Durán para ocupar ese puesto.
Muñoz y Durán coincidieron en el cargo de regidores de Palma -el primero en la oposición y el segundo en el gobierno- en el anterior consistorio. En la actual etapa, Rafael Durán tuvo que dimitir como portavoz 'popular' al ser detenido en agosto de 2009 en la llamada Operación Espada, vinculada a la investigación del caso Palma-Arena. Se le acusa de un delito de prevaricación.
Por su parte, Pere Muñoz estuvo en el punto de mira informativo cuando en mayo de 2008 saltó la noticia de que se había gastado 12.000€ en descargas de internet desde el ordenador portatil que le proporcionó el Consistorio. Cuando intentó justificarse y pagar de su bolsillo este gasto aseguró que tanto Pedro Álvarez -ex edil de Función Pública- como Rafael Durán - ex concejal de Deportes- le dijeron que no tenía que devolver el dinero porque no medió alevosía y fue un error de comunicación.
Desde su constitución en julio de 2006 -dos meses después de abandonar el PSM y la portavocía en Cort- IRU fue adjudicataria de numerosos contratos con el Consell de Mallorca (160.000€ en sólo seis meses) y otros con distintos ayuntamientos, como el que consiguió para la elaboración del Plan de Usos y Gestión del Auditorium de Pollença.
A partir de ahora, IRU está administrada por Rafael Durán. Por el momento no ha trascendido la cantidad que ha podido pagar el ex edil 'popular' para hacerse con el control de la empresa montada por el columnista del diario Balears.
Muñoz y Durán coincidieron en el cargo de regidores de Palma -el primero en la oposición y el segundo en el gobierno- en el anterior consistorio. En la actual etapa, Rafael Durán tuvo que dimitir como portavoz 'popular' al ser detenido en agosto de 2009 en la llamada Operación Espada, vinculada a la investigación del caso Palma-Arena. Se le acusa de un delito de prevaricación.
Por su parte, Pere Muñoz estuvo en el punto de mira informativo cuando en mayo de 2008 saltó la noticia de que se había gastado 12.000€ en descargas de internet desde el ordenador portatil que le proporcionó el Consistorio. Cuando intentó justificarse y pagar de su bolsillo este gasto aseguró que tanto Pedro Álvarez -ex edil de Función Pública- como Rafael Durán - ex concejal de Deportes- le dijeron que no tenía que devolver el dinero porque no medió alevosía y fue un error de comunicación.
Desde su constitución en julio de 2006 -dos meses después de abandonar el PSM y la portavocía en Cort- IRU fue adjudicataria de numerosos contratos con el Consell de Mallorca (160.000€ en sólo seis meses) y otros con distintos ayuntamientos, como el que consiguió para la elaboración del Plan de Usos y Gestión del Auditorium de Pollença.
A partir de ahora, IRU está administrada por Rafael Durán. Por el momento no ha trascendido la cantidad que ha podido pagar el ex edil 'popular' para hacerse con el control de la empresa montada por el columnista del diario Balears.
Los ingresos por el alquiler del edificio de Son Rossinyol a Medi Ambient se los reparten el constructor Jaime Bibiloni y el 'rey del cemento'
El contrato de alquiler con opción de compra suscrito por la Conselleria d'Economia i Hisenda, a través de la empresa pública Caib Patrimoni, y la sociedad Inversions Can Font para ubicar en el número 10 de la calle Gremi de Corredors del polígono de son Rossinyol unas dependencias administrativas (primero destinadas a Educació y más tarde a Medi Ambient) generará durante los próximos 20 años unos ingresos multimillonarios a una empresa constructora, Jaime Bibiloni S.A., y al que se puede considerar el 'rey del cemento' en la isla: Eduardo Soriano Torres, presidente de Ciments de Balears.
Según ha podido constatar este digital, la sociedad Inversions Can Font está administrada y es propiedad al 50% por la citada constructora y por la inmobiliaria Famemlak. El administrador único de esta entidad es el mencionado Eduardo Soriano. Este empresario, a través de Famemlak, tiene importantes participaciones en Ciments de Balears y Logiscement.
Estos datos en si no tendrían mayor relevancia -salvo la paradoja de que el alquiler de la nueva sede de Medi Ambient beneficie económicamente a uno de los mayores constructores de la isla y al 'rey del cemento'- sino fuera por el hecho de que, tal y como recoge Bartolomé Cursach en su contencioso contra el Govern, la licitación del alquiler fue "secreta y oscurantista" y a fecha de hoy se desconoce públicamente en qué condiciones se firmó el contrato con Inversions Can Font, de qué cantidades se está hablando anualmente, por cuántos años se ha suscrito y por qué se desestimaron las restantes ofertas presentadas.
Tampoco tendrían importancia si no se supiera ya que las agencias inmobiliarias que copan el mercado de los polígonos industriales y de servicios retiraron de sus carteras el inmueble de Inversions Can Font dos meses antes de que Caib Patrimoni publicitara -un solo día y en sólo dos periódicos- su interés por alquilar un inmueble con 14.000 m2, 150 plazas de aparcamiento y a entregar el 1 de enero de 2010.
El Partido Popular insinuó que la operación estaba diseñada desde el principio. Luego calló. El hecho de que Jaime Bibiloni comparta intereses con constructoras de la talla de Llull Sastre o Ferrá Tur puede explicar ese silencio.
Según ha podido constatar este digital, la sociedad Inversions Can Font está administrada y es propiedad al 50% por la citada constructora y por la inmobiliaria Famemlak. El administrador único de esta entidad es el mencionado Eduardo Soriano. Este empresario, a través de Famemlak, tiene importantes participaciones en Ciments de Balears y Logiscement.
Estos datos en si no tendrían mayor relevancia -salvo la paradoja de que el alquiler de la nueva sede de Medi Ambient beneficie económicamente a uno de los mayores constructores de la isla y al 'rey del cemento'- sino fuera por el hecho de que, tal y como recoge Bartolomé Cursach en su contencioso contra el Govern, la licitación del alquiler fue "secreta y oscurantista" y a fecha de hoy se desconoce públicamente en qué condiciones se firmó el contrato con Inversions Can Font, de qué cantidades se está hablando anualmente, por cuántos años se ha suscrito y por qué se desestimaron las restantes ofertas presentadas.
Tampoco tendrían importancia si no se supiera ya que las agencias inmobiliarias que copan el mercado de los polígonos industriales y de servicios retiraron de sus carteras el inmueble de Inversions Can Font dos meses antes de que Caib Patrimoni publicitara -un solo día y en sólo dos periódicos- su interés por alquilar un inmueble con 14.000 m2, 150 plazas de aparcamiento y a entregar el 1 de enero de 2010.
El Partido Popular insinuó que la operación estaba diseñada desde el principio. Luego calló. El hecho de que Jaime Bibiloni comparta intereses con constructoras de la talla de Llull Sastre o Ferrá Tur puede explicar ese silencio.
lunes, 26 de julio de 2010
Carles Manera entregó a Medi Ambient el edificio de son Rossinyol que iba a ser para Educacio
El conseller de Economia i Hisenda, siguiendo las órdenes del presidente del Govern, Francesc Antich, entregó a la Conselleria de Medi Ambient, dirigida entonces por el 'unionista' Miquel Angel Grimalt, el edificio que CAIB Patrimoni alquiló en el polígono de son Rossinyol para albergar, según las fuentes consultadas, la Conselleria d'Educacio i Cultura. La cronología de los hechos dan verosimilitud a la versión facilitada a este digital por fuentes conocedoras de la operación.
El 18 de mayo se 2009 CAIB Patrimoni publicitó en dos medios de comunicación y un solo día el concurso para el alquiler de un inmueble sin especificar su destino. El 24 de junio esta sociedad pública adjudicó a la empresa Inversiones Can Font el contrato de alquiler con opción a compra del inmueble de unos 14.000 m2 ubicado en la calle Gremi Corredors del mencionado polígono industrial y de servicios. Durante todo el mes de julio del pasado año los enfrentamientos entre la entonces consellera d'Educacio, Bárbara Galmés, y el responsable de Economia, Carles Manera, fueron constantes ya que aquella quería que el inmueble fuese para reunir a todo su departamento y éste, tenía la orden de dárselo a Medi Ambient. El 28 de agosto Galmés, según comentaron algunos de sus allegados, entregó una carta a Antich con su dimisión. Días después se aseguró que "se ha visto obligada a dejar su cargo". Antich 'congeló' su decisión hasta el 14 de septiembre; fecha en la que anunció una remodelación de su gabinete con la salida del Consell de Govern de Bárbara Galmés.
La decisión de Manera de entregar el inmueble a Medi Ambient obligó a sus responsables a dejar los locales que ocupaban en las avenidas y un edificio del polígono de son Castelló en el que se habían concentrado la mayoría de sus departamentos. También, a prorrogar los contratos de Educacio con la propietaria de tres plantas del edificio situado en el pasaje Guillem de Torrella, 1 de Palma. Recientemente, Manera ha tenido que ampliar hasta el 31 de diciembre de 2014 dichos alquileres por la cantidad de 991.687€.
El 18 de mayo se 2009 CAIB Patrimoni publicitó en dos medios de comunicación y un solo día el concurso para el alquiler de un inmueble sin especificar su destino. El 24 de junio esta sociedad pública adjudicó a la empresa Inversiones Can Font el contrato de alquiler con opción a compra del inmueble de unos 14.000 m2 ubicado en la calle Gremi Corredors del mencionado polígono industrial y de servicios. Durante todo el mes de julio del pasado año los enfrentamientos entre la entonces consellera d'Educacio, Bárbara Galmés, y el responsable de Economia, Carles Manera, fueron constantes ya que aquella quería que el inmueble fuese para reunir a todo su departamento y éste, tenía la orden de dárselo a Medi Ambient. El 28 de agosto Galmés, según comentaron algunos de sus allegados, entregó una carta a Antich con su dimisión. Días después se aseguró que "se ha visto obligada a dejar su cargo". Antich 'congeló' su decisión hasta el 14 de septiembre; fecha en la que anunció una remodelación de su gabinete con la salida del Consell de Govern de Bárbara Galmés.
La decisión de Manera de entregar el inmueble a Medi Ambient obligó a sus responsables a dejar los locales que ocupaban en las avenidas y un edificio del polígono de son Castelló en el que se habían concentrado la mayoría de sus departamentos. También, a prorrogar los contratos de Educacio con la propietaria de tres plantas del edificio situado en el pasaje Guillem de Torrella, 1 de Palma. Recientemente, Manera ha tenido que ampliar hasta el 31 de diciembre de 2014 dichos alquileres por la cantidad de 991.687€.
Bartolomé Cursach mantiene un contencioso contra Carles Manera por el modo de adjudicar el contrato de alquiler del edificio de Medi Ambient
El empresario de ocio y promotor inmobiliario, Bartolomé Cursach, mantiene un pulso contra el Govern en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior por el modo en que se adjudicó el contrato de arrendamiento de un inmueble en el polígono de Son Rossinyol para ubicar la sede de la Conselleria de Medi Ambient y el reagrupamiento de todas sus empresas públicas.
La sociedad Intrademallorca 2005, administrada por Cursach, presentó el 29 de mayo de 2009, once días después de que CAIB Patrimoni anunciara su interés en el arendamiento, o arrendamiento con opción de compra, de un inmueble de 14.000 m2 aproximadamente, dos ofertas consistentes en: el edificio Son Valentí y en éste más el edificio Elipse, ambos en el polígono homónimo. El 24 de junio, casi un mes después, el director gerente de CAIB Patrimonio adjudicaba el contrato a la oferta presentada por Inversiones Can Font y desestimaba la presentada por Intrademallorca 2005 sin motivar esta decisión.
En el recurso ante el Superior de Justicia, la representación legal de Cursach afirma que en el concurso se vulneraron los principios de publicidad y concurrencia, se negó todo tipo de información y el conseller de Economia i Hisenda, Carles Manera, avaló todas estas irregularidades no admitiendo el recurso de alzada que presentó Cursach por estimar que el concurso debía sustanciarse conforme a las normas del derecho civil por ser CAIB Patrimoni una sociedad mercantil.
Ante esto, la réplica del promotor fue devastadora: "Una sociedad mercantil participada exclusivamente por la Administración, que usa dinero público y cuyos edificios se utilizan para actividades de la Administración Pública, y que tiene el carácter de sociedad pública, no puede, por el mero hecho de tener externamente forma mercantil, eludir la aplicación de la normativa administrativa y llevar a cabo actuaciones discrecionales sin fiscalización ni control alguno".
Cursach concluye en su recurso contencioso que "el secretismo y oscurantismo han sido las notas principales que han caracterizado todo el concurso, desconociéndose (en la fecha del escrito: septiembre de 2009) desde la identidad del adjudicatario final y su oferta hasta la naturaleza del contrato, su duración y características, así como las razones por las que se excluyó a Intrademallorca 2005".
La sociedad Intrademallorca 2005, administrada por Cursach, presentó el 29 de mayo de 2009, once días después de que CAIB Patrimoni anunciara su interés en el arendamiento, o arrendamiento con opción de compra, de un inmueble de 14.000 m2 aproximadamente, dos ofertas consistentes en: el edificio Son Valentí y en éste más el edificio Elipse, ambos en el polígono homónimo. El 24 de junio, casi un mes después, el director gerente de CAIB Patrimonio adjudicaba el contrato a la oferta presentada por Inversiones Can Font y desestimaba la presentada por Intrademallorca 2005 sin motivar esta decisión.
En el recurso ante el Superior de Justicia, la representación legal de Cursach afirma que en el concurso se vulneraron los principios de publicidad y concurrencia, se negó todo tipo de información y el conseller de Economia i Hisenda, Carles Manera, avaló todas estas irregularidades no admitiendo el recurso de alzada que presentó Cursach por estimar que el concurso debía sustanciarse conforme a las normas del derecho civil por ser CAIB Patrimoni una sociedad mercantil.
Ante esto, la réplica del promotor fue devastadora: "Una sociedad mercantil participada exclusivamente por la Administración, que usa dinero público y cuyos edificios se utilizan para actividades de la Administración Pública, y que tiene el carácter de sociedad pública, no puede, por el mero hecho de tener externamente forma mercantil, eludir la aplicación de la normativa administrativa y llevar a cabo actuaciones discrecionales sin fiscalización ni control alguno".
Cursach concluye en su recurso contencioso que "el secretismo y oscurantismo han sido las notas principales que han caracterizado todo el concurso, desconociéndose (en la fecha del escrito: septiembre de 2009) desde la identidad del adjudicatario final y su oferta hasta la naturaleza del contrato, su duración y características, así como las razones por las que se excluyó a Intrademallorca 2005".
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