La Conselleria de Medi Ambient está negociando a la baja los alquileres de fincas rústicas destinadas a la actividad del Institut Balear de la Natura (Ibanat). La única opción que les queda a los propietarios es aceptar el recorte de un 50% ante las expectativas de ver cancelado el contrato de alquiler. El caso que se ha conocido ahora es el de Miguel Munar Mut, ex político de Alianza Popular y primo del diputado del Partido Popular en el Parlament Gaspar Oliver Mut.
En noviembre de 2006 el entonces conseller 'popular' de Medi Ambient, Jaume Font, alquiló la finca "Capocorp d'en Munar" de Llucmajor a Miguel Munar Mut después de un concurso público por 30.000€ anuales. El terreno estaba destinado a la creación de un centro cinegético gestionado por el Ibanat.
Al término de este contrato, en julio de 2008, se acordó entre ambas partes una prórroga por 32.256€ al año y una duración también bianual. Este alquiler concluyó el pasado 24 de julio. Con antelación, los actuales responsables de Medi Ambient propusieron a Miguel Munar un recorte del 50% en el precio de alquiler como condición para prorrogar por dos años más el acuerdo de arrendamiento IMB/01/2006. El nuevo contrato que finaliza el 24 de julio de 2012 tiene un coste para las arcas públicas de 15.000 euros anuales, lo que supone un recorte de más de la mitad de la cantidad que durante cuatro años ha percibido el propietario.
Otro contrato de Medi Ambient para el Ibanat que ha sufrido recortes es el de una nave, oficinas y almacén que ocupa en Inca, alquilada a la sociedad Navesdom. De los 9.100€ mensuales que el Govern está pagando este año se pasará a los 6.500€ durante 2011.
Complemento Informativo Diario de Baleares ------------------------------------------------------------------------
sábado, 14 de agosto de 2010
miércoles, 11 de agosto de 2010
Agencias publicitarias regalan vallas a los partidos durante las campañas electorales en proporción a los contratos que les adjudican con dinero público
Los partidos políticos con representación parlamentaria y capacidad de gestión de fondos públicos disponen de ‘cuentas ocultas’ en las empresas que controlan y explotan la publicidad exterior (vallas, opis…) en esta comunidad autónoma. Este hecho, que así enunciado sólo despertaría el interés del Tribunal de Cuentas y del Ministerio Fiscal, tiene un sinfín de aristas ya que la convivencia de las vallas publicitarias con las carreteras, áreas rurales y la normativa urbanística es, en muchos casos, ilegal o alegal y su existencia es posible por la dejadez voluntaria de las instituciones que han de controlarlas y, en la mayoría de los casos, prohibirlas.
Las vallas siguen siendo, hoy por hoy, uno de los medios más empleados para la difusión de un mensaje; ya sea comercial, institucional o político. A ningún partido le interesa que se limiten ya que es el soporte más sencillo, aunque no siempre el más barato, de ‘vender’ sus candidaturas electorales.
El sistema que rige entre las formaciones políticas y las empresas consiste en ir anotando en las respectivas ‘cuentas’ de aquellos los contratos que se les adjudica durante toda una legislatura o etapa de gobierno. Si la conselleria del partido X, el ayuntamiento del partido Y o el ente público del partido Z contrata una campaña de difusión exterior, en la ‘cuenta’ de ese partido la empresa de publicidad anota los ‘regalos’ que le corresponden. También se tiene en cuenta a la hora de anotar los ‘regalos’ si ese ayuntamiento hace la vista gorda con las vallas que se instalan sin contar con licencia de actividades o si están en suelo rústico.
Antes de las campañas electorales, todos los partidos acuden a estas empresas para contratar espacios donde colocar su propaganda partidista así como el tiempo de duración. Es en ese momento cuando se echa mano de la ‘cuenta’ y se comprueba cuántas vallas se pueden regalar y cuánto tiempo de más se puede dejar colgada la propaganda del partido.
Este sistema de presunta financiación irregular viene practicándose en les Illes desde hace más de 30 años y ni los partidos que no se benefician de él –pensando que algún día podrán utilizarlo- ni la Fiscalía lo han denunciado. Además pervierte el sistema democrático ya que los partidos que desde las instituciones públicas han contratado campañas en los años anteriores a las elecciones disponen de más espacios publicitarios que el resto sin pagar por ello.
El problema radica en el monopolio que existe en este sector. Como muestra un ejemplo. Al último concurso del Govern para la adjudicación de una campaña de ahorro de energía se presentó la empresa catalana Nivell Publicitari Digital que no cuenta con vallas en Baleares. De haber obtenido el contrato se vería en la obligación de alquilar los soportes a las empresas isleñas que copan el mercado. La presencia de Nivell Publicitari Digital sirvió para cumplir con los requisitos de publicidad y concurrencia de todos los concursos públicos. La contrata ya estaba adjudicada con antelación.
Las vallas siguen siendo, hoy por hoy, uno de los medios más empleados para la difusión de un mensaje; ya sea comercial, institucional o político. A ningún partido le interesa que se limiten ya que es el soporte más sencillo, aunque no siempre el más barato, de ‘vender’ sus candidaturas electorales.
El sistema que rige entre las formaciones políticas y las empresas consiste en ir anotando en las respectivas ‘cuentas’ de aquellos los contratos que se les adjudica durante toda una legislatura o etapa de gobierno. Si la conselleria del partido X, el ayuntamiento del partido Y o el ente público del partido Z contrata una campaña de difusión exterior, en la ‘cuenta’ de ese partido la empresa de publicidad anota los ‘regalos’ que le corresponden. También se tiene en cuenta a la hora de anotar los ‘regalos’ si ese ayuntamiento hace la vista gorda con las vallas que se instalan sin contar con licencia de actividades o si están en suelo rústico.
Antes de las campañas electorales, todos los partidos acuden a estas empresas para contratar espacios donde colocar su propaganda partidista así como el tiempo de duración. Es en ese momento cuando se echa mano de la ‘cuenta’ y se comprueba cuántas vallas se pueden regalar y cuánto tiempo de más se puede dejar colgada la propaganda del partido.
Este sistema de presunta financiación irregular viene practicándose en les Illes desde hace más de 30 años y ni los partidos que no se benefician de él –pensando que algún día podrán utilizarlo- ni la Fiscalía lo han denunciado. Además pervierte el sistema democrático ya que los partidos que desde las instituciones públicas han contratado campañas en los años anteriores a las elecciones disponen de más espacios publicitarios que el resto sin pagar por ello.
El problema radica en el monopolio que existe en este sector. Como muestra un ejemplo. Al último concurso del Govern para la adjudicación de una campaña de ahorro de energía se presentó la empresa catalana Nivell Publicitari Digital que no cuenta con vallas en Baleares. De haber obtenido el contrato se vería en la obligación de alquilar los soportes a las empresas isleñas que copan el mercado. La presencia de Nivell Publicitari Digital sirvió para cumplir con los requisitos de publicidad y concurrencia de todos los concursos públicos. La contrata ya estaba adjudicada con antelación.
martes, 10 de agosto de 2010
El Grupo Triodos, impulsor mundial de proyectos sostenibles, da los primeros pasos para instalar una planta fotovoltaica de 5.4 mw en Mallorca
El Grupo Triodos, vanguardia en la financiación de productos y servicios sostenibles, ha dado los primeros pasos para instalar en Mallorca una planta fotovoltaica de unos 5.4 megawatios de capacidad. Esta planta vendría a ser una copia casi exacta de la que existe en la localidad murciana de Lorca. El fondo de inversión Ampere Equity Fund es titular de la totalidad de las acciones de la sociedad Murcia Solar Park Gmbh, entidad que explota la citada planta fotovoltaica en Lorca. Dicha planta está formada por 51 instalaciones individuales que generan los 5.4 megawatios antes mencionados.
A mediados del pasado mes de julio se registraron en Palma cincuenta y una sociedades bajo la denominación de Stein Von Liebig Baleares y numeradas del 1 al 51; número coincidente con el fraccionamiento existentes en Murcia. El administrador único de todas ellas es la sociedad Triodos Investment Management BV (TIM), domiciliada en Holanda, y cuentan como socio único con la sociedad Murcia Solar Park Gmbh.
TIM gestiona los fondos de inversión del Grupo Triodos. De hecho, TIM proyecta sus recursos hacia empresas que ofrecen productos y servicios con el marchamo de la sostenibilidad. Triodos Bank sólo financia bajo dicho criterio.
Triodos Bank dice ser el referente de la banca ética y de la inversión socialmente responsable. Carlos Bendito Prieto, subdirector general de TIM y apoderado de Triodos Bank, es a su vez responsable en España de Analistas Internacionales en Sostenibilidad (AIS), entidad creada en 2005 por iniciativa del propio Grupo Triodos.
Con esta carta de presentación, los inversores holandeses pretenden entrar en un mercado como el balear en el que a las susceptibilidades por el consumo de territorio -aunque sea para instalar plantas sostenibles fotovoltaicas- se suma el cuasimonopolio que ejerce Endesa en la producción eléctrica.
Al parecer, toda esta inversión se canaliza a través del bufete de Inés Stein Von Liebig, que es la abogada que ha puesto su nombre para constituir las 51 sociedades dedicadas a la generación eléctrica.
A mediados del pasado mes de julio se registraron en Palma cincuenta y una sociedades bajo la denominación de Stein Von Liebig Baleares y numeradas del 1 al 51; número coincidente con el fraccionamiento existentes en Murcia. El administrador único de todas ellas es la sociedad Triodos Investment Management BV (TIM), domiciliada en Holanda, y cuentan como socio único con la sociedad Murcia Solar Park Gmbh.
TIM gestiona los fondos de inversión del Grupo Triodos. De hecho, TIM proyecta sus recursos hacia empresas que ofrecen productos y servicios con el marchamo de la sostenibilidad. Triodos Bank sólo financia bajo dicho criterio.
Triodos Bank dice ser el referente de la banca ética y de la inversión socialmente responsable. Carlos Bendito Prieto, subdirector general de TIM y apoderado de Triodos Bank, es a su vez responsable en España de Analistas Internacionales en Sostenibilidad (AIS), entidad creada en 2005 por iniciativa del propio Grupo Triodos.
Con esta carta de presentación, los inversores holandeses pretenden entrar en un mercado como el balear en el que a las susceptibilidades por el consumo de territorio -aunque sea para instalar plantas sostenibles fotovoltaicas- se suma el cuasimonopolio que ejerce Endesa en la producción eléctrica.
Al parecer, toda esta inversión se canaliza a través del bufete de Inés Stein Von Liebig, que es la abogada que ha puesto su nombre para constituir las 51 sociedades dedicadas a la generación eléctrica.
domingo, 8 de agosto de 2010
Manera contrató sin concurso obras adicionales en la sede de Medi Ambient con el propietario del inmueble por valor superior a los 2 millones de €
El conseller de Economia i Hisenda y presidente de CAIB Patrimoni, Carles Manera, adjudicó directamente y sin concurso obras adicionales por un valor de 2.122.529€ con el propietario del inmueble que fue alquilado para ubicar la sede de la Conselleria de Medi Ambient y la EBAP. Este acuerdo de obras viene recogido en el contrato de compromiso firmado el 30 de junio de 2009 entre Manera y el apoderado de Inversions Can Font, Francisco Ruiz Donaire.
A diferencia de las obras de acondicionamiento exigidas por Medi Ambient y que corrieron a cargo del propietario del inmueble, lo que supuso un sobrecoste en el proyecto inicial del 5,1% y el consiguiente aumento de la cuota mensual de alquiler, los trabajos adicionales fueron encargados a Inversiones Can Font sin cumplir con los requisitos de publicidad y libre concurrencia que exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando el presupuesto de la obra o el servicio supera una determinada cantidad. En este caso se está hablando de más de 2 millones de euros a los que hay que sumar los 318.379€ de beneficio industrial y los 249.000€ de honorarios por modificación y dirección del proyecto. En total más de 3 millones de euros con impuestos incluidos.
Carles Manera no consideró pertinente la aprobación por parte del Consejo de Administración de CAIB Patrimoni de este gasto adicional y del modo de contratar las obras debido a que el propio Consejo le delegó seis días antes para que actuara en su nombre en la firma del contrato de compromiso de alquiler. Manera utilizó esa delegación para concertar con Ruiz Donaire los trabajos adicionales y el precio de los mismos.
La contratación de estas obras será uno de los temas a estudiar por parte de la Sindicatura de Cuentas cuando el próximo mes de septiembre inicie la auditoría de todo el expediente de alquiler con opción de compra del edificio del Polígono de Son Rossinyol a donde se trasladó la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat y la Escola Balear de Administració Pública.
A diferencia de las obras de acondicionamiento exigidas por Medi Ambient y que corrieron a cargo del propietario del inmueble, lo que supuso un sobrecoste en el proyecto inicial del 5,1% y el consiguiente aumento de la cuota mensual de alquiler, los trabajos adicionales fueron encargados a Inversiones Can Font sin cumplir con los requisitos de publicidad y libre concurrencia que exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando el presupuesto de la obra o el servicio supera una determinada cantidad. En este caso se está hablando de más de 2 millones de euros a los que hay que sumar los 318.379€ de beneficio industrial y los 249.000€ de honorarios por modificación y dirección del proyecto. En total más de 3 millones de euros con impuestos incluidos.
Carles Manera no consideró pertinente la aprobación por parte del Consejo de Administración de CAIB Patrimoni de este gasto adicional y del modo de contratar las obras debido a que el propio Consejo le delegó seis días antes para que actuara en su nombre en la firma del contrato de compromiso de alquiler. Manera utilizó esa delegación para concertar con Ruiz Donaire los trabajos adicionales y el precio de los mismos.
La contratación de estas obras será uno de los temas a estudiar por parte de la Sindicatura de Cuentas cuando el próximo mes de septiembre inicie la auditoría de todo el expediente de alquiler con opción de compra del edificio del Polígono de Son Rossinyol a donde se trasladó la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat y la Escola Balear de Administració Pública.
La portavoz del Govern, Joana Barceló, recorta en 475.000€ las subvenciones a la producción radiofónica y televisiva durante 2010 y 2011
El Govern se ha visto obligado a recortar en 475.000€ el presupuesto destinado a subvencionar programas radiofónicos y producción audiovisual que se emitan en el ámbito de las Illes Balears durante los años 2010 y 2011. Este recorte de carácter bianual está motivado por la previsión de merma en los ingresos públicos en estos dos próximos ejercicios y en la actual situación de crisis económica. La Conselleria de Economia i Hisenda está recortando en todas aquellas partidas que son prescindibles con el objeto de mantener las que, a su parecer, sustentan el actual estado de bienestar desde sus pilares sanitario, educativo, social y laboral.
Sin embargo, el fuerte recorte, sobre todo en la producción televisiva, ha generado suspicacias entre algunos empresarios del sector que temen que el neopotismo partidista que se ha venido aplicando los últimos años a la hora de conceder las subvenciones, se vea incrementado muy considerablemente por la reducción del tamaño de la tarta y por el inicio en septiembre del último curso político en año preelectoral.
De los 471.750€ que se destinaron a subvenciones radiofónicas en el primer año de desaceleración económica, eufemísticamente hablando, de 2008 se ha pasado a destinar en 2011 sólo 250.000€. Por lo que se refiere a la producción audiovisual el descenso fue escalonado en 2009 y 2010, pasando de los 575.000€ de 2008 a los 425.000 un año después y a los 330.000 de este ejercicio. Sin embargo, esta tendencia se rompe el próximo año al ascender hasta los 370.000€. Casualmente este gesto del Govern coincide con las elecciones autonómicas y municipales.
Lo que resulta evidente es que en vísperas electorales el Ejecutivo de Antich valora más al medio audiovisual que al radiofónico ya que éste incrementa su partida en 2010 con respecto al 2009 pero la reduce en 2011 a esos 250.000€ antes citados.
Por lo que respecta a los criterios y valoraciones a la hora de puntuar los productos a subvencionar, el Govern los acota a aquellos que tratan temática "de interés" en las Illes Balears. Es decir, que los técnicos o políticos de la Dirección General de Comunicación deberán determinar bajo su prisma qué programas son de interés y cuales no. Por supuesto, los que tengan como lengua vehicular el catalán obtendrán mayor puntuación que los que se editen en castellano.
Sin embargo, el fuerte recorte, sobre todo en la producción televisiva, ha generado suspicacias entre algunos empresarios del sector que temen que el neopotismo partidista que se ha venido aplicando los últimos años a la hora de conceder las subvenciones, se vea incrementado muy considerablemente por la reducción del tamaño de la tarta y por el inicio en septiembre del último curso político en año preelectoral.
De los 471.750€ que se destinaron a subvenciones radiofónicas en el primer año de desaceleración económica, eufemísticamente hablando, de 2008 se ha pasado a destinar en 2011 sólo 250.000€. Por lo que se refiere a la producción audiovisual el descenso fue escalonado en 2009 y 2010, pasando de los 575.000€ de 2008 a los 425.000 un año después y a los 330.000 de este ejercicio. Sin embargo, esta tendencia se rompe el próximo año al ascender hasta los 370.000€. Casualmente este gesto del Govern coincide con las elecciones autonómicas y municipales.
Lo que resulta evidente es que en vísperas electorales el Ejecutivo de Antich valora más al medio audiovisual que al radiofónico ya que éste incrementa su partida en 2010 con respecto al 2009 pero la reduce en 2011 a esos 250.000€ antes citados.
Por lo que respecta a los criterios y valoraciones a la hora de puntuar los productos a subvencionar, el Govern los acota a aquellos que tratan temática "de interés" en las Illes Balears. Es decir, que los técnicos o políticos de la Dirección General de Comunicación deberán determinar bajo su prisma qué programas son de interés y cuales no. Por supuesto, los que tengan como lengua vehicular el catalán obtendrán mayor puntuación que los que se editen en castellano.
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