La Fiscalía Anticorrupción da por concluido el "caso Andratx" tras aceptar el ex alcalde Eugenio Hidalgo un delito de cohecho pasivo

El "caso Andratx", la supuesta trama de corrupción en la concesión de licencias urbanísticas extendida, según la Fiscalía Anticorrupción, en ese municipio durante los años investigados y que coinciden con la época en la que Eugenio Hidalgo tuvo las riendas del urbanismo, se da por cerrado tras aceptar el ex alcalde de Andratx un delito de cohecho que le imputa, sin demasiada fortuna, el fiscal Joan Carrau.
Con la aceptación de los últimos cargos presentados por el ministerio público, éste consigue lo que no había podido demostrar durante los cinco años que lleva investigando las denuncias que en su día presentó Unió Mallorquina de Andratx con la inestimable colaboración del entonces conseller insular de Ordenación del Territorio y actualmente en prisión, Bartomeu Vicens. Y para conseguir asociar el "mayor caso de corrupción de Baleares", como se presentó en sus orígenes, al delito de cohecho se ha visto obligado a reducir los cargos y las penas con el objeto de que fueran aceptados por los imputados (Hidalgo, Jaime Gibert y Manuel Zapata), eludiendo así la ruleta de la Justicia.
Los dos años de prisión pedidos por Carrau y aceptados por el ex alcalde se conmutan por una cantidad dineraria y no se acumularán a la condena de cuatro años que en la actualidad cumple por la ampliación y reforma de una caseta de aperos.
El fiscal anticorrupción presentó en octubre de 2009 un escrito de acusación en el que aseguraba que la dádiva o cohecho pasivo que el constructor Manuel Zapata entregó a Hidalgo ascendía 31.023€. Y pedía una multa del triple del valor de la dádiva. Un año después retira la multa y rebaja todos los conceptos que recogió en su acusación inicial: de los 2 años de multa por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios a los 12 meses y la retirada de los 120 millones de euros de comiso; de los 20 meses de prisión por prevaricación se pasa a una multa de 12 meses a 10€ diarios; de 5 años de prisión a uno por recibir una supuesta dádiva y elude el pago del beneficio de la venta de las acciones objeto del cohecho que ascendió a 369.424 mas 60.000€; y de los dos años por infidelidad en la custodia de documentos se pasa a uno.
Con esta oferta pública no extraña que los imputados hayan aceptado reconocer los delitos y dar por concluido el "caso Andratx". Tal y como reconoció el abogado de Hidalgo a la salida de la vista, prácticamente la totalidad de las piezas están archivadas por su inconsistencia.

Calvià es el municipio de Mallorca con mayor deuda 'per cápita' de entre los que tienen deudas financieras superiores a los 5 millones de euros

El municipio de Calvià es el que soporta una deuda financiera más elevada de entre aquellos que la han suscrito por encima de los cinco millones de euros. Si esa deuda se repartiera entre cada uno de los residentes de Calvià estos habrían de aportar 1.360€. Este municipio contaba a 1 de enero de 2009 con una población censada de 51.774 personas y a 31 de diciembre de ese mismo año la deuda acumulada ascendía a 70.451.000€. Por contra, el municipio de Palma, con una población ocho veces mayor, soportaba una deuda de 179.366.000€; lo que supone, en la traslación individual, 446€ por persona. Por tanto, se deduce de estos datos que los residentes en Calvià soportan el triple de deuda que los de Palma.
El segundo municipio más endeudado con respecto al número de habitantes es Sant Llorenç que tiene una deuda de 10.590.000€ para una población de 8.687 personas. En tercer lugar se sitúa Llucmajor con un endeudamiento de 38.823.000€ y un censo de 36.078 individuos.
En el extremo opuesto se sitúan los municipios que con una deuda superior de los cinco millones tienen una repercusión por habitante más reducida. Es el caso de Manacor, cuyos vecinos sólo adeudan 279€, y Marratxí, con 333€. Da la casualidad de que el alcalde de Manacor es el portavoz del Partido Popular en el Parlament y el de Marratxí, el actual presidente de esta formación política. También es cierto que el primer edil de Calvià es el 'popular' Carlos Delgado. Por ello no se puede concluir que los municipios gobernados por ediles 'populares' sean más austeros que los regidos por otras formaciones políticas.

La CAM adelantó el dinero sin ninguna garantía hipotecaria para que los gestores del polígono de Son Oms pudieran comprar la mayoría de fincas

El Día 'D' de la operación Son Oms tiene los siguientes dígitos: 25-07-2001. Ese día, la notaría de Víctor Alonso Cuevillas se llenó de propietarios de terrenos de la finca referenciada, de compradores (Benjamín Serrano, Bernardo Febrer, Miguel Munar) y de apoderados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). También estaba presente el abogado Jaime Montis.
Todos los protocolos estaban ya redactados. La mecánica que se utilizó fue la siguiente: El propietario del terreno se reunía a solas con el notario. Éste le daba a firmar el contrato de venta del inmueble y recibía a cambio un talón conformado de la CAM por el precio acordado con el comprador. El ya ex propietario abandonaba el despacho con su talón. A continuación entraban los apoderados de la Caja en compañía del que iba a ser el nuevo propietario. Primero, éste firmaba el contrato de compra y acto seguido suscribía la hipoteca que había de garantizar el pago del talón entregado al vendedor.
Como puede apreciarse, los compradores libraron talones contra sus cuentas de la CAM antes de que se hubiesen firmado las hipotecas sobre los terrenos objeto de la transacción. De alguna forma, la CAM adelantaba el dinero a cuenta de las futuras garantías hipotecarias.
Este fue el caso, entre otros, de Miguel Mesquida, un propietario que vendió dos parcelas a Mallorca Office, entidad representada por Benjamin Serrano, por la cantidad acordada de 400 millones de pesetas y que minutos después éste hipotecó por 730 millones.Otro tanto hizo la Promotora Balear de Polígonos (Montis, Munar y Febrer) con la familia Torrens; compró por 40 millones e hipotecó por 40.400.000 pesetas.
Benjamín Serrano és, sin duda, otra de las piezas clave en toda la operación Son Oms. Fue, junto a Febrer, Angel Ochando, Sebastià Rubí y Miguel Munar uno de los cinco gestores que firmaron el documento que les presentó Jaime Montis por el que se le exoneraba de toda responsabilidad en el pago de 200 millones de pesetas para 'enjabonar' la tramitación administrativa del expediente.
Serrano es el representante del Grupo WYX; ente que agrupa a las sociedades Aldos Reprise, Mallorca Office, Prominvest Palma e Inmobiliaria Biniali. También es administrador o socio de entidades como Grup Cupama (Punt de Joc), Palma Joc, Ballena Parc, Inversiones Son Oms y Prefhorma Desarrollo de Proyectos.
Sin embargo, es Febrer la persona que más se benefició -al margen de los que presuntamente percibieron  las comisiones por la recalificación de terrenos- de toda la ejecución del Polígono de Son Oms. Además de comprar unos terrenos con dinero de la Junta que luego no fueron incluidos en la misma, Febrer obligó al constructor Miguel Llabrés Feliu a comprarle 11.000 m2 en la manzana G a cambio de otorgarle el contrato de ejecución del polígono. Estando reunida la Junta en el despacho de Montis para decidir quién haría la obra, éste recibió una llamada por la que se le ordenaba que se diera a Aglomsa. Todos protestaron, sobretodo Febrer por su acuerdo tácito con Llabrés Feliu. Cuestionaron la capacidad de Aglomsa para ejecutarla y Montis informó que la haría en UTE con Amer 2000. A los seis meses ésta empresa quebró y Aglomsa acabó la urbanización.

Cort suspende la contratación por 41 millones del mantenimiento y conservación de espacios verdes que aprobó en vísperas de las vacaciones

El pasado 16 de agosto un informe técnico del Departamento de Infraestructuras obligó al Área de Interior del Ayuntamiento de Palma a dictar una providencia suspendiendo la licitación del servicio de mantenimiento y conservación de las alineaciones arbóreas de las calles de Palma y de atención de los espacios verdes públicos de las zonas de Llevant y Ponent. Un día antes, el domingo 15 este digital publicó que los responsables de Cort habían aprobado en vísperas de las vacaciones oficiales del mes de agosto un gasto de 41 millones de euros para financiar los servicios antes citados.
El plazo de ejecución de estos trabajos se fijó hasta el 31 de diciembre del presente año. Es decir, en tan solo cuatro meses el Ayuntamiento de Palma tenía previsto gastarse 6.928 millones de pesetas en podar árboles y adecentar las zonas verdes; una cantidad que se antoja excesiva en la actual situación crisis económica y cuando los ciudadanos se preocupan más que nunca en qué se gastan las administraciones públicas el dinero que recaudan a través de los impuestos, tasas municipales y sanciones.