sábado, 9 de octubre de 2010

La Conselleria de Sanidad sólo financiará unos 1.800 abortos en clínicas privadas durante 2011 y alrededor de 600 en el último trimestre de este año

La Conselleria de Sanidad del Govern de les Illes Balears sólo financiará unas 1.800 interrupciones voluntarias de embarazo, aproximadamente, durante el próximo año 2011 y 600, en el último trimestre de este año. El pasado 6 de octubre, el secretario general del Servei de Salut, Javier Clavero Gomila, en funciones de director general, firmó las adjudicaciones provisionales de tres contratos de Gestión de Servicios Públicos para la práctica de abortos durante el próximo año a las clínicas privadas: Aurora Clínic, Estudio Médico Especializado en Contracepción y Esterilidad (Emece) y Centro Médico Aragón por una cuantía máxima total de 540.000€ más IVA a repartir en partes iguales entre los tres citados centros. Para este último trimestre la cantidad destinada por el Servei de Salut es de 180.000€.
Si se atiende al coste publicado de 300€ por intervención -500€ menos de los que cuesta en algunas  comunidades autónomas y 50€ menos de lo que se estipula para abortos de hasta 12 semanas de gestación- el número de intervenciones que la sanidad pública financiará en centros privados desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011 rondará la cifra de 2.400, en el supuesto de que sólo se concertase con estas tres clínicas.
Según los datos oficiales que se manejan, en 2009 se practicaron  2.781 interrupciones voluntarias de embarazo en todo el archipiélago, cuando aún no se había aprobado la ley de las 14 semanas. Por tanto, y teniendo en cuenta que la curva de embarazos no deseados mantiene una proyección descendente, el próximo año, si sólo se contrata a Aurora Clinic, Emece y Centro Médico Aragón, unas 700 mujeres no podrán ser atendidas a cargo del erario público por las clínicas privadas por haberse agotado el presupuesto destinado para ello.

viernes, 8 de octubre de 2010

Los trabajadores de la clínica Bellver deberán esperar para cobrar las indemnizaciones debido a la suspensión de pagos de Uco Rehabilitación

Los dos centenares de trabajadores de la Clínica Bellver y Es Vida, despedidos a primeros de año de forma oficiosa tras el cierre de los establecimiento geriátricos, deberán esperar ahora a que se resuelva el concurso voluntario que un juzgado de Lo Mercantil de Palma ha admitido para las sociedades Uco Rehabilitación y Relax Sol. Ambas entidades están administradas por Onofre Alba Vidal.
El pasado 31 de julio este digital informaba de que un juzgado de Lo Social de Madrid había condenado a los propietarios de la Clínica Femenias a indemnizar con 273.360€ a 26 trabajadores que fueron despedidos de manera improcedentes. En realidad, estos trabajadores lo eran de un centro geriátrico que Alba Vidal gestionaba en Madrid y que cerró sus puertas coincidiendo con la inactividad de la Clínica Bellver.
El juicio de los 200 trabajadores de la clínica Femenía y Es Vida aún no tiene fecha fijada puesto que al haberse presentado la suspensión de pagos el procedimiento se retrasa.
Mientras tanto, los representantes legales de los trabajadores buscan propiedades de la familia Alba Gimeno para incluirlas en el activo del empresario y con ellas poder hacer frente a las demandas que aquellos tienen presentadas. A las indemnizaciones por despidos improcedentes se han  de sumar los atrasos en el abono de las mensualidades que se les adeuda. Sólo en Madrid, la cantidad impuesta por el juez de Lo Social para el pago de indemnizaciones asciende a 273.360€.
La familia Alba Gimeno, compuesta por el patriarca Onofre Alba Vidal, su esposa Mercedes Gimeno y sus hijos Onofre y Carmen Alba Gimeno controlan las sociedades: Grupo Cenia 38, Residencia Hotel Gales, Relax Sol, Uco Rehabilitación, Es Cabanyal (junto con el arquitecto Andreu Munar Ribot), Vall-100-Médica, Algi inversions, Residencia Geriátrica Santa Matilde, Eurgabinet Empresarial, Piqalba Properties, Quintegar 2002, Gero Gestion Balear, Condominio Zahara Resort 2007, Mery's Escolete y Gestión Médico Deportiva de Baleares.
Por lo que se refiere a sus propiedades inmobiliarias, el matrimonio dispone de un chalé en Sant Elm de 96 m2 y una hipoteca de 290.000€; un piso de 288 m2 en el Paseo Marítimo de Palma con una hipoteca de 800.000€ y una casa de campo en Selva de 492 m2 en una finca de dos hectáreas y media además de dos plazas de garaje en el parquing municipal de Marqués de la Cenia. Onofre Alba dispone de un local en c/ de Jesús de Palma hipotecado en 730.000€. Y él, junto a su madre, disponen de un piso en c/ Benet Pons i Fábregas y un local de 204 m2 en la c/ Luis Martí.
Su hija Carmen tiene un chalet junto a su esposo, Antonio Alou, en Santa María con una hipoteca de 1.100.000€.
Sin embargo, no se descarta que pudieran tener otras propiedades a nombre de terceras personas.

miércoles, 6 de octubre de 2010

El Ajuntament de Palma requiere la colaboración de una empresa privada para 'regularizar', comprobar e inspeccionar todos los tributos

El Ajuntament de Palma tiene pendiente de adjudicar a una empresa privada el servicio de asistencia técnica y "colaboración" con sus servicios tributarios para regularizar, comprobar e inspeccionar todos los tributos municipales. En román paladino, este enunciado viene a significar que Cort le otorga a una empresa externa el cobro a los ciudadanos de las obligaciones fiscales no satisfechas.
La empresa que ha obtenido una mayor puntuación y que, por tanto, tiene todas las bazas para quedarse con el contrato es Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), entidad catalana dirigida por Ramón Solé Vilanova. La sede de CGI está ubicada en la localidad barcelonesa de Alella, de cuya agrupación socialista es secretario de comunicación el citado empresario.
Según informaciones de la prensa canaria, CGI es objeto de investigación judicial en aquel archipiélago por los presuntos delitos de corrupción, vulneración de la Ley de Protección de Datos y usurpación de funciones públicas, entre otros.  En dichos medios se asegura que la dirección de la empresa, incluido su propietario, Ramón Solé Vilanova,  fue detenida en noviembre de 2009.
En ese momento, el empresario catalán estaba siendo contratado por el alcalde 'popular' del Ayuntamiento de Marratxí, José Ramón Bauzá, para prestar el servicio de "colaboración en la actualización de las bases de datos de transcendencia tributaria" municipal. El importe de la adjudicación para CGI consistió en el "19% sobre la deuda tributaria efectivamente cobrada".
En la localidad valenciana de Mislata CGI presentó una oferta por la que ingresaba el 98% del recargo de apremio en los casos que se hubiesen cobrado; el 34% de los intereses de demora en los mismos supuestos que el caso anterior; 1,40€ por cada expediente de baja de cada deudor tramitado por la empresa y aprobada por la Alcaldía, y 3,90€ por cada expediente de crédito incobrable de cada deudor tramitado por la empresa y aprobado por la Alcaldía. Y por lo que se refiere a la 'función inspectora', por cada acta de inspección que conlleve la obtención de ingresos a favor de las arcas municipales facturaría el 20% de los ingresos recaudados de todo tipo.

lunes, 4 de octubre de 2010

Una empresa que vende tickets de discotecas en Eivissa es contratada por el Ayuntamiento para atender la información turística por 101.523 euros

El servicio de información turística del Ayuntamiento de Eivissa lo prestará a partir de ahora una empresa que tiene intereses comerciales con el propio consistorio y con las más conocidas discotecas de las islas. Muchoticket S.L ha obtenido el servicio de información turística en las oficinas municipales por la cantidad de 101.523 euros.
Casualmente, la entidad Muchoticket tiene como actividad principal la venta de entradas a las más conocidas y famosas discotecas ibicencas así como a las fiestas de toda índole que se organizan en la isla blanca durante todo el año. Muchoticket percibe una comisión por cada ticket de entrada que vende a través de internet. Por tanto, tiene intereses en el fomento y promoción de esta actividad lúdica. Además, comercializa las 'audioguías', que son unas visitas guiadas grabadas en mp-3 y que el turista puede escuchar con unos auriculares. La pregunta que se formula es si Muchoticket seguirá comercializando las 'audioguías' en el servicio de información turística y cobrando el beneficio que le reporta esta actividad de alquiler.
Las 'audioguías' se conectan en un punto determinado de la villa y el turista va siguiendo el recorrido que le proponen.
Este producto fue creado por el propio ayuntamiento y lo comercializa Muchoticket, al igual que las visitas teatralizadas de los sábados. Además, también comercializa unos talonarios con los que se accede a las discotecas y locales de ocio sin tener que hacer colas. La empresa está administrada por José María Costa Serra y tiene de responsable a José Luis Trenco Guallart. Costa Serra, junto a su hermana Catalina, son administradores también de las empesas Marazul Ibiza y Servicios Turísticos Ibzguru.
La cuestión que se suscita es saber si el Ayuntamiento de Eivissa va a impedir a Muchoticket promocionar sus productos en las oficinas de información turística.

domingo, 3 de octubre de 2010

La crítica situación económica del Ayuntamiento de Palma obliga a funcionarios a renunciar a entregar facturas y a pagarse material de trabajo

La situación económica del Ayuntamiento de Palma, en lo que se refiere a la financiación de determinados departamentos, puede calificarse de crítica o surrealista. Las partidas para gastos corrientes están agotadas y los funcionarios han de provisionarse de material de trabajo pagángolo de su propio bolsillo. Aunque sólo fuese un caso, un hecho de esta índole evidencia la angustiosa penuria financiera en la que se encuentra la institución que preside la socialista Aina Calvo. Y no es un problema que afecte a los niveles más bajos de la escala administrativa, sino que se ha dado entre aquellos funcionarios que disponen -o venían haciéndolo- de la potestad de adquirir consumibles de oficina u otro material necesario para el ejercicio de sus funciones y que entregaban a posteriori la factura para que le fuera abonada. Pues esto se ha acabado. Y empleados municipales se han encontrado con la negativa de los interventores a abonar las facturas por la inexistencia de fondos con los que hacerlas frente.
Pero mientras unos se han de financiar la adquisición de artículos que les permitan realizar mejor su trabajo o desempeñar sus funciones, otros -las entidades que reciben subvenciones por el fomento del catalán- no paran de ser regados con fondos públicos.