Contenedores verdes de basura convertidos en depósitos de escombros de obra. Este es el panorama que se encuentran diariamente los camiones de Emaya cuando realizan sus rutas por los distintos barrios de Palma. Los propios empleados de la empresa municipal confirman que el porcentaje de contenedores con escombros es muy alto. También afirman que no pueden hacer otra cosa que descargarlos ya que han de dejarlos vacios para la siguiente jornada.
Y esta práctica, que ya era habitual antes del inicio de la crisis debido a las elevadas tasas de reciclaje que impone el Consell Insular por tonelada de escombro a tratar en su planta de Son Reus, se ha incrementado en los últimos meses por la proliferación de obras ejecutadas por trabajadores inmersos en lo que se conoce como 'economía sumergida'.
Presupuestos para reformas en el hogar, a los que se ajustan los costes de mano de obra y material, no incluyen el precio de reciclaje y el alquiler de un contenedor ya que se dispararía. El sistema de eliminación de los residuos sigue siendo el mismo desde hace años: el traslado de los escombros en bolsas para ser depositados en solares, cunetas y urbanizaciones abandonadas. Sin embargo este sistema, que requería hacer quilómetros hasta desprenderse furtivamente de los restos de obra, se ha sustituído por excursiones por los barrios de Palma en busca de contendores verdes en los que depositarlos.
La Policía Local recibe con cierta asiduidad llamadas de vecinos que denuncian haber visto al conductor de una furgoneta introducir sacos de escombros en los contenedores de basura. Sin embargo, estas denuncias sólo sirven para constatar lo que diariamente observan los empleados de Emaya ya que mientras los agentes no pillen 'in fraganti' a los infractores no pueden actuar contra ellos.
Complemento Informativo Diario de Baleares ------------------------------------------------------------------------
sábado, 30 de octubre de 2010
Sa Nostra pasa a controlar un activo inmobiliario de Gabriel Oliver, presidente de los promotores, por valor de más de 7 millones y medio de euros
La Caja de Ahorros de Baleares 'Sa Nostra' se ha hecho con el control de un activo inmobiliario valorado en 7.515.250€ que hasta el pasado jueves estaba en manos del presidente de la Asociación de Promotores, Gabriel Oliver Cerdá. Según ha podido constatar este digital, Oliver fue hasta el día 28 administrador único de la sociedad inmobiliaria Som Promociones 2004 S.L. Esta entidad tuvo unas ventas contabilizadas en 2008 de casi 500.000€. Sin embargo, la congelación del mercado inmobiliario en estos dos últimos años la llevó a registrar unos ingresos de sólo 12.012€ el pasado ejercicio de 2009.
Esta situación, y la imposibilidad de seguir manteniendo los compromisos financieros con Sa Nostra, ha obligado a Oliver a deshacerse del activo de Som Promociones 2004 que, como ya se ha indicado, asciende a esos siete millones y medio de euros.
Sin embargo, y a diferencia de una operación similiar llevada a cabo con el promotor Fausto Ferrero, y de la que dio cuenta este digital el 8 de julio, en esta ocasión Sa Nostra no ha recurrido directamente a la sociedad Invernostra -como si hizo con Edificadora Es Puig del Grup Fer- sino que ha empleado a una filial de ésta. Se trata de Son Mobilia 2008, entidad con el mismo domicilio social que Invernostra (Cami de Son Fangos 100- Complejo Mirall Balear) y cuyo capital social está controlado al 100% por la inversionista de Sa Nostra. El telefóno de Son Mobilia 2008 es el mismo que el del director general de Sociedades Participadas de Sa Nostra, Rafael Oliver Roca.
Som Promociones 2004 se constituyó en junio de 2005 pero comenzó a operar tres meses antes. En abril de 2008 Oliver trasladó la sede social a su centro neurálgico: la Gerencia Inmobiliaria Balear (Gib) en Sa Gerreria de Palma.
A pesar de esta descapitalización, Oliver es presidente de 'Retiro en Campos de Mallorca S.L', Juvigolf y Sagib Carreras, entidad de la que José Maria Carreras Piraces es vicepresidente. También se mantiene como administrador único de una decena de sociedades entre las que destacan Formentera Building y Formentera Park así como Habitatges Protegits, Pinar de Sa Coma o Polígono Ciudad Jardín.
Esta situación, y la imposibilidad de seguir manteniendo los compromisos financieros con Sa Nostra, ha obligado a Oliver a deshacerse del activo de Som Promociones 2004 que, como ya se ha indicado, asciende a esos siete millones y medio de euros.
Sin embargo, y a diferencia de una operación similiar llevada a cabo con el promotor Fausto Ferrero, y de la que dio cuenta este digital el 8 de julio, en esta ocasión Sa Nostra no ha recurrido directamente a la sociedad Invernostra -como si hizo con Edificadora Es Puig del Grup Fer- sino que ha empleado a una filial de ésta. Se trata de Son Mobilia 2008, entidad con el mismo domicilio social que Invernostra (Cami de Son Fangos 100- Complejo Mirall Balear) y cuyo capital social está controlado al 100% por la inversionista de Sa Nostra. El telefóno de Son Mobilia 2008 es el mismo que el del director general de Sociedades Participadas de Sa Nostra, Rafael Oliver Roca.
Som Promociones 2004 se constituyó en junio de 2005 pero comenzó a operar tres meses antes. En abril de 2008 Oliver trasladó la sede social a su centro neurálgico: la Gerencia Inmobiliaria Balear (Gib) en Sa Gerreria de Palma.
A pesar de esta descapitalización, Oliver es presidente de 'Retiro en Campos de Mallorca S.L', Juvigolf y Sagib Carreras, entidad de la que José Maria Carreras Piraces es vicepresidente. También se mantiene como administrador único de una decena de sociedades entre las que destacan Formentera Building y Formentera Park así como Habitatges Protegits, Pinar de Sa Coma o Polígono Ciudad Jardín.
miércoles, 27 de octubre de 2010
La apertura del tercer carril de la Vía de Cintura entre la salida de Valldemosa y la de son Rapinya es acogida con satisfacción por los usuarios
La apertura del tercer carril de la Vía de Cintura de Palma entre la altura de la salida de Valldemosa y la de Son Rapinya ha sido acogida con satisfacción por los miles de usuarios que diariamente recorren esta circunvalación. Lo que más valoran los conductores es la significativa reducción del tiempo que antes dedicaban a superar ese tramo y la seguridad que causa a la propia conducción poder circular a una velocidad constante sin el temor a toparse con retenciones imprevistas.
La unión temporal de empresas formada por las constructoras Vopsa y Copisa, adjudicatarias de esta obra del Consell, pusieron en circulación el tercer carril en vísperas del inicio del curso escolar con el objeto de facilitar el acceso a la zona de colegios a los alumnos que acuden en vehículos particulares. Desde entonces, el tránsito por la Vía de Cintura es fluido por este tramo y no han vuelto a producirse las retenciones que hasta entonces se generaban a la altura del cementerio de Palma en ambas direcciones. En los próximos meses se concluirá la obra de ampliación del tercer carril a unos doscientos metros del túnel de Génova, tramo que se mantendrá con dos carriles por la imposibilidad técnica de ensancharlo.
La UTE Vopsa-Copisa ha proyectado otras obras complementarias como el ensanchamiento del ramal de salida a Génova y Son Dureta o las incorporaciones a la vía de circunvalación. Para el mes de marzo, aproximadamente, los responsables de la obra tienen previsto echar la última capa de aglomerado asfáltico, la que se conoce como capa de rodadura, en el conjunto de toda la obra: desde el túnel de Génova hasta el enlace de la carretera de Sóller.
La unión temporal de empresas formada por las constructoras Vopsa y Copisa, adjudicatarias de esta obra del Consell, pusieron en circulación el tercer carril en vísperas del inicio del curso escolar con el objeto de facilitar el acceso a la zona de colegios a los alumnos que acuden en vehículos particulares. Desde entonces, el tránsito por la Vía de Cintura es fluido por este tramo y no han vuelto a producirse las retenciones que hasta entonces se generaban a la altura del cementerio de Palma en ambas direcciones. En los próximos meses se concluirá la obra de ampliación del tercer carril a unos doscientos metros del túnel de Génova, tramo que se mantendrá con dos carriles por la imposibilidad técnica de ensancharlo.
La UTE Vopsa-Copisa ha proyectado otras obras complementarias como el ensanchamiento del ramal de salida a Génova y Son Dureta o las incorporaciones a la vía de circunvalación. Para el mes de marzo, aproximadamente, los responsables de la obra tienen previsto echar la última capa de aglomerado asfáltico, la que se conoce como capa de rodadura, en el conjunto de toda la obra: desde el túnel de Génova hasta el enlace de la carretera de Sóller.
La constructora Bartolomé Ramón realizó una ampliación de capital de 755.000€ un año antes de presentar concurso de acreedores voluntario
La decisión de los responsables de la constructora Pavimentaciones Bartolomé Ramón de presentar concurso de acreedores voluntario el pasado mes de junio tuvo un antecedente sintomático un año antes cuando el 3 de junio de 2009 los administradores Francisca y Pedro Juan Bestard Ramón, con el visto bueno de su padre y apoderado, Gabriel Bestar Moyá, aprobaron una ampliación de capital de 755.000€ en la sociedad, alzando el resultante a los 906.000€.
Expertos consultados por este digital interpretan este hecho como el inicio de un proceso dirigido, precisamente, a la suspensión de pagos y maquinado para protegerse ante una eventual presentación de quiebra. Un capital social de 151.000€ no hubiera impedido que cualquier acreedor instase la quiebra. En ese escenario, la que en su día fue una de las más importantes, por volumen de negocio y facturación, empresas constructoras de obra pública de la isla se hubiera convertido en presa fácil para depredadores judiciales y financieros.
Con el concurso de acreedores, las posibilidades de conservarla son mucho mayores. Y en esa texitura se entiende una ampliación de capital que, según los citados expertos, se ha debido realizar con la conversión de la deuda de la sociedad con sus socios en capital social, tal y como permite la Ley. De esta forma, al incorporar al capital social la deuda con los administradores éstos renuncian a ella y se 'maquilla' las finanzas de la empresa tanto interna como externamente.
El pasado día 14 de octubre la juez de Lo Mercantil nombró al abogado y profesor asociado de Derecho Procesal de la UIB, Iñigo Casasayas Talens, administrador concursal de Bartolomé Ramón. Este abogado forma parte del bufete Lafuente. Su fundador, el ya fallecido José María Lafuente López, era secretario del consejo de administración del Real Mallorca cuando Gabriel Bestard Moyá era uno de sus miembros. Lafuente falleció el pasado 31 de julio, catorce meses después de que se planificase la operación de salvamento de Bartolomé Ramón.
Una de las causas de la situación actual de Bartolomé Ramón S.A es la merma en los proyectos públicos por parte de todas las administraciones y la repercusión en la cartera de pedidos de las constructoras. Lo que los profesionales del sector no llegan a entender es cómo una empresa que había alcanzado el zenit de la obra pública, no sólo por las adjudicaciones de las administraciones municipales, insulares y autonómicas sino por las contratas de Gesa y Emaya, ha pasado a una situación de quiebra aparente.
Expertos consultados por este digital interpretan este hecho como el inicio de un proceso dirigido, precisamente, a la suspensión de pagos y maquinado para protegerse ante una eventual presentación de quiebra. Un capital social de 151.000€ no hubiera impedido que cualquier acreedor instase la quiebra. En ese escenario, la que en su día fue una de las más importantes, por volumen de negocio y facturación, empresas constructoras de obra pública de la isla se hubiera convertido en presa fácil para depredadores judiciales y financieros.
Con el concurso de acreedores, las posibilidades de conservarla son mucho mayores. Y en esa texitura se entiende una ampliación de capital que, según los citados expertos, se ha debido realizar con la conversión de la deuda de la sociedad con sus socios en capital social, tal y como permite la Ley. De esta forma, al incorporar al capital social la deuda con los administradores éstos renuncian a ella y se 'maquilla' las finanzas de la empresa tanto interna como externamente.
El pasado día 14 de octubre la juez de Lo Mercantil nombró al abogado y profesor asociado de Derecho Procesal de la UIB, Iñigo Casasayas Talens, administrador concursal de Bartolomé Ramón. Este abogado forma parte del bufete Lafuente. Su fundador, el ya fallecido José María Lafuente López, era secretario del consejo de administración del Real Mallorca cuando Gabriel Bestard Moyá era uno de sus miembros. Lafuente falleció el pasado 31 de julio, catorce meses después de que se planificase la operación de salvamento de Bartolomé Ramón.
Una de las causas de la situación actual de Bartolomé Ramón S.A es la merma en los proyectos públicos por parte de todas las administraciones y la repercusión en la cartera de pedidos de las constructoras. Lo que los profesionales del sector no llegan a entender es cómo una empresa que había alcanzado el zenit de la obra pública, no sólo por las adjudicaciones de las administraciones municipales, insulares y autonómicas sino por las contratas de Gesa y Emaya, ha pasado a una situación de quiebra aparente.
martes, 26 de octubre de 2010
El trasiego de residuos entre las islas y con la Península tiene un coste anual para el Estado de 6 millones de euros administrados por el Govern
El trasiego de residuos entre las cuatro islas baleares y desde éstas hacia la Península tiene un coste para las arcas del Estado superior a los seis millones de euros anuales. Esta cantidad es administrada por el Govern de les Illes Balears a través de las subvenciones que concede, previa solicitud en la ventanilla de la Conselleria de Medio Ambiente, a las empresas del sector.
A pesar del incremento de empresas dedicadas al reciclaje que se han montado en los últimos cuatro años en el polígono de Ses Veles, en Bunyola, junto a Tirme, Baleares genera ingentes toneladas de residuos de toda índole que no pueden ser tratados en las islas y que han de ser enviados a la Península para su conversión en materia prima, en muchos casos.
Los 6 millones de euros, o lo que es lo mismo, 1.000 millones de pesetas, que se destinan a estas subvenciones es uno de los costes de insularidad que cubre el Estado y que reciben empresas como Adalmo, para el traslado de metales y chatarra; Baresa, todo lo referente a papel y cartón; Anglo Balear de Servicios e Higiene, en lo que afecta a residuos sanitarios, y otras.
En el tercer trimestre de 2010 el interventor de la Conselleria de Economia i Hisenda autorizó las subvenciones que por un montante de 1.586.053€ se han aprobado por Medi Ambient. La empresa Adalmo, con 609.860€, es la que recibe una mayor subvención, seguida por Baresa, con 242.277€, y la UTE Giref, de Eivissa, con 218.349€.
Ante este volumen de subvenciones hay políticos que consideran que si se subvencionase la implantación en Ses Veles de un mayor número de empresas de reciclaje se crearía empleo, se generarían materias primas para consumo interno y para exportar y se reduciría el coste que para las arcas del Estado supone el trasiego, sobretodo marítimo, de los residuos que no pueden ser tratados en las islas.
A pesar del incremento de empresas dedicadas al reciclaje que se han montado en los últimos cuatro años en el polígono de Ses Veles, en Bunyola, junto a Tirme, Baleares genera ingentes toneladas de residuos de toda índole que no pueden ser tratados en las islas y que han de ser enviados a la Península para su conversión en materia prima, en muchos casos.
Los 6 millones de euros, o lo que es lo mismo, 1.000 millones de pesetas, que se destinan a estas subvenciones es uno de los costes de insularidad que cubre el Estado y que reciben empresas como Adalmo, para el traslado de metales y chatarra; Baresa, todo lo referente a papel y cartón; Anglo Balear de Servicios e Higiene, en lo que afecta a residuos sanitarios, y otras.
En el tercer trimestre de 2010 el interventor de la Conselleria de Economia i Hisenda autorizó las subvenciones que por un montante de 1.586.053€ se han aprobado por Medi Ambient. La empresa Adalmo, con 609.860€, es la que recibe una mayor subvención, seguida por Baresa, con 242.277€, y la UTE Giref, de Eivissa, con 218.349€.
Ante este volumen de subvenciones hay políticos que consideran que si se subvencionase la implantación en Ses Veles de un mayor número de empresas de reciclaje se crearía empleo, se generarían materias primas para consumo interno y para exportar y se reduciría el coste que para las arcas del Estado supone el trasiego, sobretodo marítimo, de los residuos que no pueden ser tratados en las islas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)