El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias para investigar el presunto incumplimiento de la jornada laboral de la Policía Local de Andratx. El Ayuntamiento presidido por la vicepresidenta del Parlament, la 'unionista' Isabel Alemany, podría haber sido escenario de supuesto delito de malversación de caudales públicos.
El hecho que se pretende aclarar tiene que ver con la práctica de varios policías, entre ellos el ex alcalde y actual teniente de alcalde, Francesc Femenias, y el agente de Unión Mallorquina que presentó la primera denuncia contra Eugenio Hidalgo, Juan Enseñat.
En mayo de 2008 la Junta de Gobierno local aprobó, sin que estuviera en el orden del día, una jornada nocturna de la Policía que contravenía el Pacto de los funcionarios en materia de jornada laboral que se aprobó con anterioridad por el Pleno de la Corporación. Como la Junta de Gobierno es un órgano colegiado menor no tiene capacidad para modificar lo aprobado por aquel.
La jornada de la Policía Local estaba recogida en el Pacto en un régimen de turnos de mañana, tarde y noche por 40 horas semanales. El inspector de la Policía se sacó entonces de la manga una unidad nocturna a la que se incorporó Femenias y Enseñat. Esta unidad no entra en el régimen de rueda de turnos establecido en el Pacto, sino que hay agentes (Femenias, Enseñat...) que sólo trabajan de mañana y tarde, y otros de noche. De hecho, la propia Alemany, responsable de este cuerpo, tiene al inspector y subinspector trabajando sólo por la mañana a pesar de cobrar la 'turnicidad' y la nocturnidad.
Todo esto tiene un reflejo económico en los Presupuestos, ya que en su capítulo I se dotan los puestos de trabajo para que se cobre el turno en el servicio. Si no se hace así, no se puede cobrar y, por tanto, se comete una malversación de caudales públicos (cobrar por un trabajo que no se hace).
La denuncia ante el Tribunal de Cuentas reclama que se obligue a los policías a reintegrar a las arcas municipales las cantidades cobradas de más.
Complemento Informativo Diario de Baleares ------------------------------------------------------------------------
jueves, 25 de noviembre de 2010
miércoles, 24 de noviembre de 2010
Turisme adjudica el montaje del stand de Balears en las ferias turísticas de 2011 a la empresa de una militante del Partit Socialista de Catalunya
Las instituciones públicas de las Illes Balears, gobernadas por el Partido Socialista (PSIB-PSOE) continúan adjudicando contratos millonarios a empresas catalanas relacionadas directamente con miembros activos del Partit Socialista de Catalunya (PSC).
Uno de los casos descubiertos por este digital fue la adjudicación provisional que el Ajuntament de Palma otorgó a una empresa catalana para dar el servicio de asistencia técnica y "colaboración" con los servicios tributarios municipales para regularizar, comprobar e inspeccionar todos los impuestos de Palma.
La empresa que obtuvo la mayor puntuación y que, por tanto, tiene todas las bazas para quedarse con el contrato es Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), entidad catalana dirigida por Ramón Solé Vilanova. Este empresario es a su vez secretario de comunicación de la agrupación socialista de la localidad barcelonesa de Alella, sede de la empresa.
Otra de las contrataciones con idéntico perfil es la realizada por la Conselleria de Turisme a la empresa Gecom Espacios de Comunicación S.L por la cantidad de 2.085.549 euros. Mar Guerrero Busquet, directora de la Agencia de Turismo de les Illes Balears ha aprobado la concesión a Gecom del servicio de creatividad, diseño, alquiler, construcción, montaje y desmontaje, transporte, almacenamiento y servicios complementarios de los pabellones para la asistencia a las ferias turísticas FITUR Madrid, ITB Berlín y WTM Londres el próximo año.
Gemma Garriga Pujol es la administradora única de la empresa Gecom desde agosto de 2007. En las elecciones municipales de ese año fue inscrita en las listas del PSC-PM (Pogrés Municipal) al ayuntamiento del municipio de Forallac, en el Baix Empordà.
El gobierno de Antich se está caracterizando en esta legislatura por la cantidad de contratos que adjudican sus consellerias a empresas radicadas en Catalunya. Sobretodo, desde la Conselleria de Sanitat y Presidència. Lo llamativo del caso es que la mayoría de las adjudicaciones son para la prestación de servicios que fácilmente pueden realizar empresas isleñas por el mismo precio, y que las contrataciones se realizan por el sistema de ‘negociado sin publicidad’.
Uno de los casos descubiertos por este digital fue la adjudicación provisional que el Ajuntament de Palma otorgó a una empresa catalana para dar el servicio de asistencia técnica y "colaboración" con los servicios tributarios municipales para regularizar, comprobar e inspeccionar todos los impuestos de Palma.
La empresa que obtuvo la mayor puntuación y que, por tanto, tiene todas las bazas para quedarse con el contrato es Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), entidad catalana dirigida por Ramón Solé Vilanova. Este empresario es a su vez secretario de comunicación de la agrupación socialista de la localidad barcelonesa de Alella, sede de la empresa.
Otra de las contrataciones con idéntico perfil es la realizada por la Conselleria de Turisme a la empresa Gecom Espacios de Comunicación S.L por la cantidad de 2.085.549 euros. Mar Guerrero Busquet, directora de la Agencia de Turismo de les Illes Balears ha aprobado la concesión a Gecom del servicio de creatividad, diseño, alquiler, construcción, montaje y desmontaje, transporte, almacenamiento y servicios complementarios de los pabellones para la asistencia a las ferias turísticas FITUR Madrid, ITB Berlín y WTM Londres el próximo año.
Gemma Garriga Pujol es la administradora única de la empresa Gecom desde agosto de 2007. En las elecciones municipales de ese año fue inscrita en las listas del PSC-PM (Pogrés Municipal) al ayuntamiento del municipio de Forallac, en el Baix Empordà.
El gobierno de Antich se está caracterizando en esta legislatura por la cantidad de contratos que adjudican sus consellerias a empresas radicadas en Catalunya. Sobretodo, desde la Conselleria de Sanitat y Presidència. Lo llamativo del caso es que la mayoría de las adjudicaciones son para la prestación de servicios que fácilmente pueden realizar empresas isleñas por el mismo precio, y que las contrataciones se realizan por el sistema de ‘negociado sin publicidad’.
martes, 23 de noviembre de 2010
Un inspector de Hacienda compró por 15 millones de pesetas un chalet de 1.000 m2 en El Terreno a un constructor al que le realizó una inspección
Los datos a los que ha tenido acceso este digital son concluyentes. Los hechos se remontan a finales de los años 90. Un inspector de Hacienda habilitado en Baleares realizó, al parecer, una inspección tributaria a un conocido constructor y promotor de la Isla, sin actividad de la actualidad y con la empresa extinguida.
Meses después, una vivienda unifamiliar aislada ubicada en la barriada de El Terreno de Palma y que era propiedad del empresario fue vendida por éste al inspector de Hacienda por la exigua y ridícula cantidad de 15 millones de pesetas. El inmueble en cuestión tiene un volumen edificado que ronda los 1.000 metros cuadrados con terreno. La operación de compraventa consta anotada en el Registro de la Propiedad y en él se puede verificar la citada cantidad. En aquella época un inmueble de estas características tenía un valor que multiplicaba por 10, como mínimo, la cantidad antes citada.
Tras su compra, el inspector llevó a cabo obras de reforma que se ejecutaron sin que se libraran facturas ni se pagara el correspondiente IVA. De hecho, el propio encargado de llevarlas a cabo le preguntó al inspector si quería facturas y éste, según el testimonio recogido por este digital, optó por la opción B.
Pocos años después, entre 2003 y 2004, el inspector vendió el inmueble a unos particulares. El precio de esta operación varía entre los aproximadamente 90 millones de pesetas que reconoció el comprador y los 130 que apuntan algunas fuentes. Si esto fuera así, el inspector de Hacienda habría recibido casi un 30% de la compraventa en 'negro'.
La corrupción, como puede apreciarse, no se limita sólo a la acción de los políticos durante el ejercicio de cargos públicos. Hay instituciones y entidades en este país, en las que aún no ha entrado la luz de la Democracia, que tienen en su seno a funcionarios corruptos cuya actuación no es fiscalizada por ningún órgano regulador. Es notorio el caso de jueces a los que sus propios compañeros han condenado, en algunos casos a regañadientes, por cobrar ¿astillas?, no, troncos, por archivar un caso o reducir condenas.
El inspector antes referido, muy conocido en la farándula y la vida social mallorquina, abandonó la isla con destino a una nueva Delegación en la Peninsula.
Meses después, una vivienda unifamiliar aislada ubicada en la barriada de El Terreno de Palma y que era propiedad del empresario fue vendida por éste al inspector de Hacienda por la exigua y ridícula cantidad de 15 millones de pesetas. El inmueble en cuestión tiene un volumen edificado que ronda los 1.000 metros cuadrados con terreno. La operación de compraventa consta anotada en el Registro de la Propiedad y en él se puede verificar la citada cantidad. En aquella época un inmueble de estas características tenía un valor que multiplicaba por 10, como mínimo, la cantidad antes citada.
Tras su compra, el inspector llevó a cabo obras de reforma que se ejecutaron sin que se libraran facturas ni se pagara el correspondiente IVA. De hecho, el propio encargado de llevarlas a cabo le preguntó al inspector si quería facturas y éste, según el testimonio recogido por este digital, optó por la opción B.
Pocos años después, entre 2003 y 2004, el inspector vendió el inmueble a unos particulares. El precio de esta operación varía entre los aproximadamente 90 millones de pesetas que reconoció el comprador y los 130 que apuntan algunas fuentes. Si esto fuera así, el inspector de Hacienda habría recibido casi un 30% de la compraventa en 'negro'.
La corrupción, como puede apreciarse, no se limita sólo a la acción de los políticos durante el ejercicio de cargos públicos. Hay instituciones y entidades en este país, en las que aún no ha entrado la luz de la Democracia, que tienen en su seno a funcionarios corruptos cuya actuación no es fiscalizada por ningún órgano regulador. Es notorio el caso de jueces a los que sus propios compañeros han condenado, en algunos casos a regañadientes, por cobrar ¿astillas?, no, troncos, por archivar un caso o reducir condenas.
El inspector antes referido, muy conocido en la farándula y la vida social mallorquina, abandonó la isla con destino a una nueva Delegación en la Peninsula.
domingo, 21 de noviembre de 2010
El Ibsalut anula la adjudicacion de su servicio de limpieza al percatarse de que era discriminatorio y no garantizaba igualdad de trato a las empresas
La mesa de contratacion del Ibsalut se vio obligada a anular -desestimar- la adjudicacion de la contrata de limpiezas de todas las dependencias del Servei de Salut al percatarse de que se habian cometido graves errores en el pliego de clausulas administrativas y que estos no eran subsanables. Por regla general, los pliegos de clausulas administrativas los redactan los servicios juridicos y suelen ser asepticos ya que en ellos se recogen las normas que han de establecese en todo concurso publico. No asi el pliego de clausulas tecnicas, donde se describe detallamente el servicio que sale a licitacion y que condiciones han de cumplir las empresas que concurran.
El pasado 12 de noviembre se reunio el citado organo de contratacion y, en base a los principios de no discriminacion e igualdad de trato entre los candidatos, propuso desestimar el procedimiento. Por tanto, y tal y como establece la Ley, se aprobo iniciar uno nuevo.
El presupuesto base de licitacion es por 450.000 euros, y la duracion del contrato, de 24 meses.
Este concurso se anuncio el pasado 28 de septiembre y en casi dos meses nadie de la Administracion se habia percatado de lo discriminatorias que eran las clausulas administrativas. Tuvo que ser una empresa que pretendia presentarse al mismo quien advirtiera de la inconstitucionalidad de tal redaccion y de la posibilidad de acudir a lo Contencioso con el objeto de restablecer la legalidad.
Lo que se ha evidenciado en los ultimos meses es que hay una gran actividad en la contratacion publica de los servicios de limpieza y que son muchas las empresas -en procesos de fusion algunas de ellas- que optan a esta porcion de tarta del presupuesto de las administraciones.
El pasado 12 de noviembre se reunio el citado organo de contratacion y, en base a los principios de no discriminacion e igualdad de trato entre los candidatos, propuso desestimar el procedimiento. Por tanto, y tal y como establece la Ley, se aprobo iniciar uno nuevo.
El presupuesto base de licitacion es por 450.000 euros, y la duracion del contrato, de 24 meses.
Este concurso se anuncio el pasado 28 de septiembre y en casi dos meses nadie de la Administracion se habia percatado de lo discriminatorias que eran las clausulas administrativas. Tuvo que ser una empresa que pretendia presentarse al mismo quien advirtiera de la inconstitucionalidad de tal redaccion y de la posibilidad de acudir a lo Contencioso con el objeto de restablecer la legalidad.
Lo que se ha evidenciado en los ultimos meses es que hay una gran actividad en la contratacion publica de los servicios de limpieza y que son muchas las empresas -en procesos de fusion algunas de ellas- que optan a esta porcion de tarta del presupuesto de las administraciones.
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