El Gobierno dispuso la militarización de los controladores antes de aprobar el decreto de "Alarma" pero no impidió el colapso aéreo

El Gobierno de José Luis Rodríguez sabía antes del Consejo de Ministros del viernes que las medidas que se iban a aprobar para permitir la entrada de capital privado en el nuevo ente Aena Aeropuertos y las que concernían al límite computable de horas de trabajo de los controladores aéreos iban a provocar el rechazo de este cuerpo de funcionarios, tal y como así ocurrió. Y a pesar de ello, el Gobierno Rodríguez aprobó dichas medidas al inicio del puente de la Constitución e Inmaculada siendo consciente del grave perjuicio que se iba a causar a los usuarios.
Sin embargo, el ministro de Fomento, José Blanco, aceptó el desafio responsabilizando a los propios controladores de la repentina 'indisposición' para ocupar sus puestos de trabajo y azuzando a la opinión pública con un único mensaje en el que se insistió en dos items: casta privilegiada y sueldos millonarios.
Blanco era consciente de que las decisiones que se iban a tomar en el Consejo de Ministros conducirían al caos en los aeropuertos, y a la frustración a miles de ciudadanos que iniciaban las vacaciones del puente.
Y la evidencia no puede ser más palmaria: en la reunión del viernes en La Moncloa se aprobaron dos modificaciones legislativas en las que se introdujo, no por casualidad, al organismo Ministerio de Defensa.
Hasta esa fecha, el Real Decreto 1001/2010 de 5 de agosto relativo al control aéreo no hacía mención alguna al departamento de Carme Chacón. El viernes se informó de la introdución de dos modificaciones adicionales. El texto aprobado dice así: "En la finalidad de garantizar el tráfico se han incluido dos modificaciones adicionales sobre atención en caso de enfermedad (del controlador) y garantía del servicio bajo la dirección si fuera necesario del Ministerio de Defensa". Dicho y hecho. A las 24 horas se decretó la militarización de los controladores y su supeditación a dicho ministerio.
Pero hay otra más. La nueva redacción aprobada por el Consejo del apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/2010 de 14 de abril: "La entidad pública Aena deberá facilitar la inmediata aplicación de lo previsto en el art. 4.4 a) de la Ley 21/2003 de 7 de julio de seguridad aérea, quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa, quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control".
Al parecer, el presidente Rodríguez decidió no viajar a Argentina a la cumbre Iberoamericana porque sabía de las repercusiones de las nuevas medidas a los controladores. Y en el fondo lo que se trasluce es que Fomento quiere vender el 45% de Aena para poder tapar los 200.000 millones de euros de deuda que tiene, y que suponen una sangría constante de intereses bancarios. Pero para vender ese porcentaje primero ha de 'limpiar' la casa de todo aquello que daña su imagen: los ingresos y privilegios de los controladores. Y en eso está Pepe Blanco. El primer logro ya está conseguido: que toda la sociedad desprecie a los controladores y hacerles responsables de sus penalidades. El segundo, está por llegar.

Los administradores del Fondo de Pensiones de los Empleados de Sa Nostra tiene serios problemas para aprobar las cuentas del año 2009

La delicada situación financiera de la Caja de Ahorros de Baleares 'Sa Nostra' está comenzando a provocar la aparición de luces rojas en algunos de sus pilares fundamentales. La crisis del sector inmobiliario y, en particular, la financiación que para proyectos urbanísticos y compra de terrenos se concedió en los años de bonanza a determinados promotores como Vicenç Grande o Fausto Ferrero, entre otros, le ha supuesto a la Caja una obligación ineludible: la de cubrir con fondos própios (en algunos casos echando mano a créditos interbancarios) ante el Banco de España los fallidos. Esta medida está hipotecado su actividad a medio plazo. El momento, según fuentes consultadas, "es delicado". Y una de las medidas que la entidad adoptó con el objeto de maquillar su situación fue la de reconducir los 'créditos tóxicos' concedidos al sector del ladrillo hacia la nueva promoción de 'Son Bordoy', con la adopción de una serie de operaciones, que se podrían catalogar como de ingeniería financiera y que persiguen la conversión contable de pasivos difícil de mantener en activos vinculados a la citada urbanización, que se prevé construir en la tercera línea de El Molinar, con financiación de Sa Nostra y a través de una promotora vinculada con ella.
De hecho, sólo con la venta de las viviendas de protección oficial que se contemplan construir se amortizaría el coste de adquisición del terreno. Y con la de las viviendas libres, los beneficios serían cuantiosos y ello equilibraría un balance que a Sa Nostra le cuesta cuadrar.
Una de las luces rojas se ha encendido en el Fondo de Pensiones de los Empleados de Sa Nostra, entidad que no ha aprobado en lo que llevamos de año las cuentas del ejercicio 2009. En años anteriores, éstas se aprobaban, con relación al ejercicio anterior, entre los meses de abril y mayo. En esta ocasión, iniciado el mes de diciembre, los administradores del Fondo no han podido o querido certificar las cuentas del 2009. El Fondo de Pensiones de Empleados de Sa Nostra maneja un volumen de recursos de miles de millones de euros. En la actualidad la presidencia de la entidad la ostenta Maria de Lluc Pons Pons desde febrero de 2008. Con anterioridad fueron presidentes Antonio García Zamora y Bartomeu Mestre.
El 17 de octubre de 2001 la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones concedió autorización para la constitución del citado Fondo. Su gestora es Sa Nostra Cia. de Seguros de Vida S.A y la depositara, la propia Caja de Ahorros.

Un socialista del PSC y una militante de Iniciativa per Catalunya controlan la empresa a la que Aina Calvo da la inspección de los tributos de Palma

El pasado 6 de octubre este tablón de noticias ya adelantó en primicia que el Ayuntamiento de Palma había requerido la colaboración de una empresa privada para 'regularizar', comprobar e inspeccionar todos los tributos municipales. Un eufemismo para no decir que se iba a contratar a una empresa externa para cobrar impuestos no satisfechos por los ciudadanos a cambio de un porcentaje de lo recaudado.
En ese momento se adelantó que la empresa que había conseguido mayor puntuación, y que por tanto tenía todas las opciones para hacerse con el contrato de servicio, era la catalana Coordinadora de Gestión de Ingresos (Cogeisa).
La Junta de Gobierno presidida por la alcaldesa Aina Calvo aprobó el pasado 10 de noviembre dar a Cogeisa la colaboración técnica con los servicios tributarios municipales por el 10% de las liquidaciones realmente recaudadas.
La alcaldesa socialista de Palma concedía en ese acto a un colega del partido la recaudación de la morosidad tributaria; una actividad que beneficia a ambas partes.
La empresa Cogeisa está administrada por el secretario de comunicación de la agrupación socialista de la localidad barcelonesa de Alella. Ramón Solé Vilanova. De hecho, la sede social de dicha entidad está domiciliada en el citado municipio.
A parte de Solé, la empresa dedicada al cobro de tributos tiene como accionista a una dirigente de Iniciativa per Catalunya Verds que se presentó por dicho partido en las elecciones municipales de 2007 en Alella. Mercedes Roige Bote controla el 18% de Cogeisa; un porcentaje simbólico en relación al paquete accionarial en manos de Ramón Solé, que asciende al 57%.
Según los datos de la empresa depositados en el registro mercantil y concernientes al ejercicio 2008 las ventas ascendieron a 9.405.050€ con un resultado de 406.300€.

El Consell negocia con abogados contratar por 59.000€ su defensa jurídica en el caso Can Domenge por no disponer de medios para ello

El Consell de Mallorca quiere estar presente en la última fase del caso Can Domenge, antes del auto de apertura de juicio oral, y para ello ha iniciado negociaciones urgentes con determinados despachos de abogados a los cuales ha invitado a formular propuestas económicas que en ningún caso podrían superar los 59.000€. El despacho elegido tendrá que personarse en la causa y formular escrito de acusación o solicitar su sobreseimiento, según dispongan los responsables políticos del Consell. El motivo aducido por la institución insular para la contratación de un servicio jurídico externo es la no disposición de medios materiales y personales propios que lleven a cabo este trabajo.
El pasado 3 de noviembre la titular del juzgado de Instrucción nº 12 ordenó la continuación por procedimiento abreviado de las diligencias previas 450/2007 en relación a la querella interpuesta por Josel S.L y Anova S.A en relación a la venta de la finca de Can Domenge por parte del Consell al precio de 30 millones de euros cuando su valor de mercado en el momento de la operación era más del doble.
También dió traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, entre las que se encuentra el propio gobierno de Mallorca, para la formulación de escrito de acusación o la solicitud del sobreseimiento de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que acusará prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y otros delitos a la expresidenta del Consell y de Unión Mallorquina, Maria Antonia Munar, y a los consellers de su gobierno: Miguel Nadal, Miguel Angel Flaquer y Bartomeu Vicens. A pesar de que el propio Nadal ha salido en defensa de su ex jefa asegurando que nunca tuvo conocimiento ni participó en las negociaciones que se mantuvieron con Sacresa, la empresa adjudicataria, los fiscales Anticorrupción consideran que existen indicios suficientes para mantener en juicio una acusación contra ella.
Ahora habrá que esperar a ver el escrito de acusación que, sin duda, presentarán los abogados contratados por el Consell a instancias de su presidenta, la socialista Francina Armengol.

El director de la prisión de Palma mantiene inactivos los cinco talleres del centro y dificulta la puesta en marcha de convenios de inserción

El centro penitenciario de Palma dispone desde su construcción de cinco talleres para el desarrollo de trabajos penitenciarios y de formación. En ellos, en anteriores etapas, se han producido por encargo bienes de consumo para empresas de distribución, entre otras mercantiles. Sin embargo, esta actividad ha dejado de generarse por, al parecer, la apatía mostrada por el actual director de la prisión, Manuel Avilés, que desde su incorporación en 2008 mantiene inactivas estas naves.
El art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) establece como fin primordial de la privación de libertad la reeducación y reinserción social. En esta línea, el art. 25.2 de la Constitución especifica que el condenado a pena de prisión "tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social". Y la LOGP señala que el trabajo es un elemento fundamental del tratamiento del recluso.
El 6 de febrero de 2008 Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias firmó un convenio con la entidad Sublata Causa, dirigida por Teresa Nieto, para la gestión de un taller productivo de plantas ornamentales y demás especies vinculadas a la finca colaboradora del centro penitenciario. De hecho, Sublata Causa nació expresamente con los objetivos de establecer nexos comerciales y productivos de acuerdo al principio de reinserción de los reclusos preparándoles para su futura insersión socio laboral.
Por otra parte, el Centro Penitenciario de Palma dispone de terrenos apropiados para el desarrollo de un taller productivo en vivero, siembra, cultivo y multiplicación de plantas ornamentales al aire libre para fines comerciales. Asimismo, dispone de una nave apropiada para la creación y desarrollo de un plan piloto destinado a técnicas de reciclaje, mantenimiento sostenible y adaptación a energías renovables que permitan la implantación de sistemas de automantenimiento energético y aprovechamiento de residuos.
Pues a pesar de todo ello, el convenio entre Mercedes Gallizo y Teresa Nieto no ha podido materializarse aún y los terrenos sobre los que había de cultivarse tomate de ramal para su venta al por mayor y al detall se han convertido en un incipiente pinar por decisión de Manuel Avilés. De esta forma se incumple uno de los compromisos conveniados por Instituciones Penintenciarias: el de aportar al proceso productivo los terrenos necesarios para el desarrollo del taller productivo.